Con un escrito de 33 páginas firmado por los abogados Hernán J. Martínez, Hernán Augusto Martínez, Miguel Amuchástegui y Fernando Candia, la desarrolladora presentó un “recurso de apelación y nulidad” para que intervenga la Cámara y revierta el fallo de primera instancia.
La magistrada, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº18, había considerado que la decisión del Ejecutivo, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, no fue arbitraria y que el loteo carecía de la autorización ambiental indispensable. Para la Provincia, el emprendimiento es inviable por estar ubicado en una zona de potencial anegamiento dentro de la cuenca del Arroyo Ludueña y por su impacto hídrico.
El eje ambiental y la defensa
En la apelación, Damfield sostiene que el fallo “viola el principio de congruencia” y relativiza el impacto ambiental. Argumenta que la cuenca abarca unos 800 kilómetros cuadrados y que en la zona existen más de 20 desarrollos en condiciones similares. “El impacto hídrico es nulo”, afirman los letrados.
Sin embargo, tanto el Gobierno provincial como la Justicia civil y una fiscal extrapenal ya habían advertido que las obras comenzaron sin los permisos definitivos, y que incluso se comercializaron lotes en ese contexto.
Inversores en vilo y causa penal
El frente judicial no es el único problema. Algunos compradores iniciaron reclamos por incumplimientos y, según fuentes vinculadas al caso, hubo acuerdos extrajudiciales.
Además, el futbolista Denis Rodríguez denunció por presunta estafa a la desarrolladora Davik SA y a sus directivos, tras haber pagado alrededor de 100 mil dólares por un lote. La causa penal está bajo análisis del fiscal Ramiro González Raggio.
Mientras tanto, el barrio continúa paralizado, sin habilitación administrativa ni aval judicial firme. La definición ahora quedará en manos de la Cámara, en un litigio que mantiene en incertidumbre a inversores y expone un fuerte choque entre el desarrollo inmobiliario y las exigencias ambientales.
