En diálogo con el abogado Sebastián Darrichón durante el primer programa de Expediente 24, el ciclo periodístico de EPA News, donde advirtió que este tipo de resoluciones puede sentar un antecedente peligroso. “La prisión preventiva no es un adelanto de pena, sino una herramienta excepcional para resguardar el proceso”, remarcó.
Darrichón sostuvo que, en este caso, no se configuraban los requisitos legales para mantener la detención: el transportista tenía domicilio fijo, trabajo estable, no existía riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación, y permaneció a disposición de la Justicia desde el primer momento.
Finalmente, el camionero recuperó la libertad por decisión judicial, lo que volvió a poner en foco el rol de los jueces de Garantías como límite al accionar del Ministerio Público de la Acusación y reabrió la discusión sobre el uso de la prisión preventiva en delitos culposos.
Más allá del caso puntual, abrió un debate más amplio sobre el funcionamiento del sistema acusatorio en Santa Fe. Darrichón valoró el modelo por su mayor transparencia, oralidad y participación de las partes, incluida la víctima, aunque advirtió sobre falencias estructurales: falta de recursos, saturación de causas y una marcada desigualdad entre distintos fueros.
Mientras los centros de justicia penal cuentan con infraestructura de primer nivel, otros ámbitos sensibles como los juzgados de Familia y Niñez enfrentaban serias carencias edilicias y humanas, pese a abordar situaciones de extrema vulnerabilidad social. “La Justicia penal recibió inversión, pero otros fueros quedaron relegados”, señaló.
En ese marco, la discusión sobre la prisión preventiva, la selectividad del sistema y las prioridades del Estado vuelve a cobrar fuerza.
“La baja de imputabilidad no resuelve el problema”
En cuanto a la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública y legislativa, impulsado por una creciente demanda social de respuestas frente a hechos de extrema violencia protagonizados por menores. Sobre este escenario, el abogado Sebastián Derrichón brindó un análisis crítico y advirtió que una reforma penal sin políticas integrales previas puede convertirse en una solución meramente punitiva.
Darrichón reconoció que existe un consenso social y político cada vez más amplio para avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad y consideró que “es inevitable que se termine bajando”, especialmente tras casos conmocionantes como el asesinato de Jeremías Mozón, que marcó según señaló, “un antes y un después por la brutalidad del hecho y la forma en que actuaron los menores involucrados”.
Sin embargo, el abogado aclaró que el sistema jurídico argentino, en línea con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, establece un régimen especial para menores, basado en medidas tutelares y no en el castigo penal clásico. “La sanción no es pena, es reeducación y resocialización. La cárcel debería ser la última ratio”, explicó.
En ese marco, cuestionó que el debate se centre exclusivamente en endurecer la respuesta penal sin abordar las causas estructurales. Señaló la falta de políticas públicas eficaces en áreas clave como salud mental, tratamiento de adicciones, educación y contención social, especialmente para niños y adolescentes en contextos de extrema vulnerabilidad. “Hoy en Santa Fe no hay centros accesibles para tratar adicciones en familias de bajos recursos. Antes de cambiar la ley, habría que garantizar esas herramientas”, sostuvo.
También alertó sobre las limitaciones operativas del Estado para aplicar una eventual baja de imputabilidad: “La policía no está preparada para intervenir con menores en conflicto con la ley sin vulnerar derechos, lo que termina favoreciendo la impunidad o anulando las causas”.
Darrichón remarcó que una política criminal basada solo en el castigo no resuelve el problema de fondo y contradice principios constitucionales. “Como sociedad tenemos que sincerarnos: o castigamos o reeducamos. Pero si elegimos reeducar, el Estado debe garantizar condiciones reales de educación, salud y oportunidades”, afirmó.
Finalmente, planteó que el debate debe ampliarse e incluir a todos los actores sociales vinculados a la niñez vulnerable. “Hoy se discute desde consignas políticas. Falta una mirada orgánica que convoque a quienes trabajan en el territorio y conocen la realidad de los chicos que el sistema abandona antes de criminalizar”, concluyó.
Serenos de buque
Otro de los temas que se trataron en Expediente 24 es el caso de los Serenos de Buque tras la desregulación dispuesta por el Estado Nacional, una medida que dejó sin obligatoriedad su contratación y afectó directamente a cientos de trabajadores en la región. El abogado Sebastián Derrichón advirtió sobre la superposición de competencias entre Nación, provincias y municipios, en el marco del sistema federal argentino.
Según explicaron, el gobierno resolvió eliminar la obligatoriedad del uso de serenos de buque, auxiliares que cumplían tareas de vigilancia a bordo de las embarcaciones, lo que provocó un fuerte impacto social y laboral. “En nuestra zona había unas 200 personas que vivían de esta actividad y, de un día para el otro, quedaron sin trabajo”, señaló.
El conflicto se profundizó cuando el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires decidió restablecer la obligatoriedad del servicio en puertos bonaerenses, especialmente a partir de situaciones ocurridas en Bahía Blanca. Para Darrichón, esto expone una “interferencia jurisdiccional muy grande” dentro del federalismo argentino, donde Nación, provincias y municipios comparten, y muchas veces superponen, facultades sobre la habilitación y funcionamiento de los puertos.
El abogado remarcó que los serenos de buque no son una fuerza de seguridad, aunque históricamente se les asignaron funciones de custodia ambiental y vigilancia. “Se trata de un sistema híbrido, que no fue eliminado formalmente, pero dejó de ser obligatorio y pasó a ser optativo. El resultado es claro: nadie los contrata porque implica mayores costos”, explicó.
En ese contexto, sostuvo que los serenos cumplen un rol clave como nexo entre Prefectura, empresas, agencias marítimas y las comunidades locales, aunque reconoció que su función choca con los estrictos protocolos de seguridad portuaria internacional implementados tras el 11 de septiembre, (fecha de atentado a las torres gemelas en Estados Unidos) que exigen capacitaciones específicas y delimitan con precisión los roles dentro de las terminales.
Finalmente, el abogado se manifestó a favor de la preservación de los puestos de trabajo y consideró que la salida al conflicto no puede ser unilateral. “Es una discusión que deben dar el gremio y los representantes de las empresas, para llegar a un punto de acuerdo. Hoy el sistema quedó totalmente desarticulado por una resolución tomada de un día para otro”, concluyó.
