El caso de “La Joya Agro” dio un vuelco de 180 grados este lunes en los Tribunales de Villa Constitución. El fiscal Ramiro Martínez imputó a un hombre identificado como N.C. por el delito de Defraudación por abuso de confianza. Se comprobó que los animales que el influencer denunció como robados habían sido, en realidad, vendidos ilegalmente por quien debía cuidarlos.
La maniobra: porotos, vacas y papeles falsos
Según la acusación fiscal, entre el 25 de febrero y el 20 de marzo, el imputado —que tenía un acuerdo verbal de pastaje en el establecimiento “La Cañada” de Santa Teresa— aprovechó su rol de tenedor de la hacienda ajena para realizar una venta clandestina.
Para darle apariencia de legalidad a la estafa, N.C. gestionó ante SENASA documentos de tránsito electrónico (DT-e) haciendo figurar a los animales como propios de su sociedad, “Agroganadera del Este S.A.S.”. Sin embargo, no tenía facultades para disponer de ellos. Bajo este engaño, trasladó 161 bovinos (novillos y vaquillonas) hacia la localidad de Chabás. Allí fueron entregados a compradores de buena fe.
El “llanto” en redes y el hallazgo en Chabás
Mientras el influencer publicaba videos desesperados denunciando un robo masivo, el imputado intentó una última maniobra el 17 de marzo: se presentó en SENASA para emitir guías por otros 190 animales. Así, buscaba “blanquear” el faltante y generar una cobertura formal de la disposición ya efectuada. Sin embargo, el titular de la firma damnificada, Agrotranquera S.R.L., advirtió la irregularidad y anuló el trámite ese mismo día.
Finalmente, el 20 de marzo, la policía logró localizar y recuperar los 161 animales en predios rurales de Chabás. Pudo verificar que las marcas y señales coincidían con la hacienda “robada”.
Libertad con restricciones
La Jueza Dra. Usandizaga dispuso que el imputado N.C. continúe el proceso en libertad, pero bajo estrictas reglas de conducta por 90 días. Por ejemplo, tiene prohibido salir del país, debe fijar un domicilio real y quedó supeditado a la investigación penal.
Este caso deja una lección para el sector agropecuario sobre la vulnerabilidad de los acuerdos verbales y el uso de documentación oficial para encubrir delitos de guante blanco. En redes sociales, estos delitos se venden como hechos de inseguridad rural.
