La tragedia vial que se cobró la vida de una menor en la ciudad de Puerto General San Martín conmocionó a toda la región. El dolor es inmenso, irreversible y merece respeto. Pero una cosa es el dolor, y otra muy distinta es la respuesta del Estado cuando, en nombre de la conmoción social, decide correr los límites del sistema constitucional argentino.
El transportista involucrado en el siniestro —oriundo de María Juana, provincia de Santa Fe— se encontraba trabajando, trasladando cereal hacia la región portuaria, una actividad que más de 15.000 choferes realizan todos los días en el Cordón Industrial. No intentó fugarse, no se ocultó, no entorpeció la investigación. Sin embargo, por decisión del fiscal interviniente, fue detenido e incomunicado hasta el día martes, como si se tratara de un delincuente peligroso.
Un hecho culposo no es un delito doloso
El derecho penal argentino es claro: un homicidio culposo no implica intención, no presume peligrosidad procesal ni habilita, por sí solo, una prisión preventiva. Mucho menos una incomunicación prolongada. La privación de la libertad es una medida excepcional, no una herramienta de castigo anticipado ni un gesto para calmar la presión social.
Detener a un trabajador sin riesgo de fuga, sin antecedentes que lo justifiquen y sin razones procesales sólidas viola principios básicos: el de inocencia, el de proporcionalidad y el de razonabilidad. No hay atajos emocionales que habiliten a saltarse la Constitución.
Un precedente gravísimo para toda la región portuaria
La decisión judicial encendió todas las alarmas. Gremios y cámaras del transporte entraron en estado de alerta máxima, no por corporativismo, sino por algo mucho más profundo: hoy fue uno, mañana puede ser cualquiera.
Si un chofer puede terminar preso en una cárcel común por un accidente de tránsito culposo mientras cumple su trabajo, entonces todos los transportistas que ingresan a la región quedan virtualmente en libertad condicional. El mensaje es claro y peligroso: trabajar en el Cordón Industrial implica asumir no solo riesgos viales, sino también riesgos penales arbitrarios.
Justicia no es venganza, ni espectáculo
Nadie pide impunidad. La investigación debe avanzar, las responsabilidades deben determinarse y la verdad debe esclarecerse. Pero la Justicia no puede transformarse en una respuesta emocional, ni en una señal de endurecimiento sin sustento legal.
Cuando el Estado cruza esa línea, deja de proteger derechos y empieza a erosionarlos. Y cuando eso ocurre, no está en juego un solo caso: está en juego el sistema entero.
Puerto General San Martín y toda la región portuaria necesitan reglas claras, previsibilidad jurídica y respeto irrestricto por las garantías constitucionales. Porque si un accidente laboral puede terminar en encierro arbitrario, entonces el problema ya no es judicial: es institucional.
