De vuelta a la cárcel. Ratifican pedido para los ocho detenidos por la muerte de Paula Perassi

Los argumentos del juez de Apelaciones, Carlos Carbone, que hizo lugar a una presentación de inconstitucionalidad sobre el fallo emitido por el camarista Adolfo Prunotto Laborde


Los ocho procesados por la muerte y desaparición de Paula Perassi podrían volver a prisión, a partir del fallo del juez del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal, Carlos Alberto Carbone, quien admitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la querella y por el fiscal camarista Guillermo Camporini contra el fallo emitido el 15 de agosto pasado por el camarista Adolfo Prunotto Laborde, por el cual revocó la prisión preventiva de los imputados.

«Nada dijo en cuanto a las razones por las cuales revocó la prisión preventiva”, entendió Carbobe sobre el fallo de Prunotto Laborde, en lo que entendió como una «protuberante falta de motivación», evidenciada en la «total omisión de análisis de los requisitos de la prisión preventiva».

Mientras el Superior Tribunal de Justicia de la provincia evalúa el último dictamen, los abogados de la familia de la víctima analizan pedir al Juzgado de Instrucción de San Lorenzo que vuelvan a ser detenidos.

En la causa que hoy está caratulada como «aborto sin consentimiento seguido de muerte» de la madre sanlorencina, están procesados los esposos puertenses Roxana M y Gabriel S (quien mantenía una relación extramatrimonial con Paula), y Mirtha R, esta última sospechada de practicarle un aborto a Paula. A estos tres civiles se suman cinco policías: Gabril G, Aldo G, María José G, Jorge K y Adolfo P, los dos últimos, oficiales de alto rango de la Unidad Regional XVII.

Los argumentos contra Prunotto Laborde

El caso Perassi ha tenido «una amplia repercusión periodística local, provincial y con alcance nacional» porque «involucra a empresarios y policías de bajo y alto rango que se desempeñaban en la ciudad de San Lorenzo, con sospecha de haber abortado la víctima y encubrir la suerte final de la misma además, de la que no se tuvieron noticias después de tantos años, pudiendo decir que es una desaparecida con la trágica connotación que tiene esa palabra en nuestro país», expresó Carbone en su resolución.

«Estos extremos de amplia y constante repercusión pública no sólo en dicha ciudad donde se siguen haciendo manifestaciones de pedido de Justicia permiten referir que, como postulan los querellantes, excede el mero interés individual de los hijos de la víctima», reza el fallo de Carbone, quien habla también de gravedad institucional: «La falta de diligencia en la investigación policial, esencial en los primeros momentos del hecho, la probable connivencia de las autoridades policiales, y la causal esgrimida en el recurso respecto de la arbitrariedad judicial podrían constituir una infracción a los deberes del Estado asumidos».

Además explicó que hay reglas mínimas internacionales que «facultan a imponer la prisión preventiva en protección de la sociedad y de la víctima, habiéndose argumentado numerosas amenazas sufridas por los padres que constantemente reclaman saber el destino de su hija y la cautela y sanción de los imputados».

Todo un párrafo dedicó a «la reacción del vocal de Cámaras», y le reprocha que eligió una entrevista periodística para confrontar a Alberto Perassi (quien cuestionó públicamente el fallo de Prunotto Laborde) «sin que haya aún juicio, pero argumentando en favor de una de las partes estando pendiente el despacho del presente recurso. Este proceder fue tenido en cuenta por el tribunal que refutó su parcialidad para actuar y la consideración social sobre el tema para apartarlo de la causa».

Además, «el procurador de la Corte valora como intimidatorio el proceder del citado vocal cuestionado mediante la Oficina de Gestión al querellante —padre de Paula— tras lo resuelto para expresarles acciones privadas que pensaba incoar en su contra, según se difundió en la prensa», dijo Carbone en su dictamen.

El fallo de Prunotto Laborde derivó en la presentación del recurso de inconstitucionalidad en la oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de los tribunales rosarinos por parte del fiscal Camporini y los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara, quienes consideraron que el fallo del vocal era arbitrario y carente de fundamentos a la hora de beneficiar a los acusados.

Fuente: La Capital

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