La decisión judicial se tomó luego de que la delegada regional, María Florencia Biré, solicitara al tribunal que se adopte esta medida como “complementaria”, tras constatarse el incumplimiento de los deberes de responsabilidad parental y la grave negligencia de los padres, que colocaron al adolescente en una situación de abandono y riesgo.
En su presentación, el organismo de protección advirtió que los progenitores, aún estando al tanto de la situación de su hijo, no adoptaron ninguna acción para revertirla y demostraron “una clara desafección hacia la situación personal del adolescente”.
El juez Escola hizo lugar al pedido y ordenó que la cuota alimentaria se retenga sobre los salarios, aguinaldos, horas extras, premios, indemnizaciones o cualquier otro emolumento que perciban los padres, más el 100% de las asignaciones familiares. Además, el monto se actualizará mensualmente conforme a las variaciones de la Canasta Básica de Crianza.
La resolución fue calificada como “novedosa y ejemplar”, ya que sienta un precedente en materia de tutela judicial efectiva, al reafirmar que los progenitores no pueden sustraerse de sus obligaciones parentales cuando han sido responsables de exponer a sus hijos a situaciones de vulneración y cuentan con capacidad económica para sostenerlos.
