La República Argentina deberá pagarle 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi.
El fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska se conoció este viernes a mañana y la sentencia resultó catastrófica para la Argentina, que, sabiendo que el juicio ya estaba perdido, pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares. La vocera presidencial Gabriela Cerruti ya anunció que el Estado apelará.
La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretención argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios argentinos en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.
Argentina quería que la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día. Además, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de US$ 5.000 millones.
El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente @alferdez analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres.
— Gabriela Cerruti (@gabicerru) September 8, 2023
El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento -Axel Kicillof- fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.
En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de US$ 8.300 millones, aun con un 0% de interés, como quería Argentina. De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a US$ 16.000 millones, lo que finalmente decidió la jueza. Es decir que la magistrada se inclinó por la mayor penalización para la Argentina.
Preska no solo utilizó la tasa de 8% porque se lo pidió Burford, sino que en su fallo aclara que la Corte determina ese interés porque le resulta “apropiado y equitativo”. Y sostiene: “La mejor evidencia de que es una tasa justa es que es la que la República acordó en casos similares, como cuando le pagó a Repsol por su expropiación 5.000 millones de dólares en bonos gubernamentales, incluida deuda con un interés compuesto superior al 8%”. Esa fue la negociación que Axel Kicillof llevó adelante cuando era ministro de Economía.
Los US$ 16.000 millones que el país deberá pagar es más que el valor del 100% de YPF hoy, tanto si se mide por el dólar oficial como por el libre. En el primer caso, la petrolera tiene una capitalización de US$ 12.200 millones, mientras que en el segundo, a dólar libre, su valor sería de US$ 5.298 millones.
La acción de Burford subió 18% en la Bolsa de Nueva York, a US$ 16,37 tras conocerse el fallo.
Claves del juicio que perdió Argentina
Argentina ya sabía que había perdido el juicio. Lo que se esperaba ahora era conocer el monto a pagar. Pero, ¿en qué consistía la demanda? Los demandantes, el fondo Burford (que en realidad había comprado la posibilidad de litigar a la familia Eskenazi por “apenas” US$ 16 millones), alegaba que la Argentina al expropiar las acciones de Repsol en YPF en 2012 debería haber hecho una oferta pública por todas las acciones de la empresa.
Los estatutos de YPF establecen que si algún accionista se hace del 51% de las acciones (como sucedió cuando el Estado nacional y las provincias expropiaron esa participación de Repsol), debe ofertar para comprarle al resto. Argentina incumplió esa condición, que YPF aceptó para cotizar en la Bolsa de Nueva York. Burford acreditó tener acciones por el 29% de YPF y reclamó una compensación.
Para fallar contra el país, Preska usó declaraciones que había hecho en su momento Axel Kicillof. En el fallo de este viernes, la magistrada asegura: “El Señor Kicillof declaró descaradamente que sería “estúpido” cumplir con “la ley de la propia YPF” o “respetar sus estatutos”.
“Posteriormente -agrega la jueza-, la República promulgó la legislación que supuestamente le permitió adquirir el control de YPF sin ser “estúpidos” y cumpliendo con los estatutos”.
Y sigue: “Ofendería, y no favorecería la equidad, permitir que la República viole a sabiendas los estatutos, fuerce a los demandantes a que sean sus acreedores involuntarios por una cantidad enorme de dinero en el transcurso de una década, y luego pagar una tasa reducida, pero llorando pobreza cuando llegue el momento de pagar la factura”.
Argentina, para apelar, deberá ir a la Cámara de Apelaciones y si no obtiene lo que busca allí, recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, el país perdió todas las apelaciones que hizo.
Todo empezó con los Eskenazi
Burford utilizó los derechos de los Eskenazi para ir la Justicia. Este grupo había sido propuesto a Repsol por Néstor Kirchner en 2008 para ingresar como “la pata local” en la petrolera. Los Kirchner conocían a los Eskenazi por ser dueños del banco de Santa Cruz.
El negocio se concretó por etapas, primero con el 15% de las acciones pero siempre con el mismo procedimiento, sin poner un dólar sobre la mesa y pagando su deuda a través de los dividendos que diese la compañía.
En 2011 los Eskenazi sumaron otro 10%. Eso significó la asfixia de YPF que dejó de invertir para pagar la parte de los Eskenazi y Argentina comenzó a vivir lo que se llamó déficit energético.
Los expertos aseguran que entre 2008 y 2010 se repartieron entre los accionistas US$ 14.906 millones, un 140% más que la media anual desde la privatización de 1999.
Luego vino la expropiación a Repsol y también a los Eskenazi y Burford compró en la Justicia española el derecho a litigar contra la Argentina en nombre de Petersen Energía, el vehículo societario con sede en Madrid que los Eskenazi habían creado para desembarcar en YPF.
