La problemática de las denuncias falsas y la desvinculación forzada de padres respecto de sus hijos sumó un capítulo de alta tensión en los tribunales de Rosario. En diálogo exclusivo, el abogado penalista José Nanni lanzó duras críticas contra el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por lo que considera una deliberada lentitud en la investigación penal contra una red de psicólogas acusadas de confeccionar informes falsos para sustentar denuncias de abusos o violencia inexistentes.
“Lo que nosotros presentamos molestó, molesta, y en cuanto se puede poner una traba burocrática, se la va a poner para patear la discusión una semana más. Hace más de siete u ocho meses que interpusimos la denuncia y cada vez que queremos avanzar chocamos contra una pared”, gatilló el letrado con 25 años de trayectoria en el fuero penal.
Intereses arraigados y “capacitaciones” bajo sospecha
Al evaluar las razones del freno judicial, Nanni desestimó inicialmente una conducta dolosa generalizada en el MPA, pero apuntó directo a la matriz ideológica y de formación que impera en la delegación Rosario:
Formación sesgada: El abogado reveló el hallazgo de cursos de capacitación dictados por miembros de la propia ONG denunciada a personal del MPA. “Esto nos hace sospechar y tener cierto temor fundado de por qué algunas cuestiones están netamente frenadas”, advirtió.
El factor económico: Detrás de la fachada de estas organizaciones, la querella técnico-legal detectó irregularidades administrativas severas. Tras iniciar un expediente ante la Inspección General de Justicia (IGJ) provincial, constataron que la ONG sospechada carecía de balances y libros rubricados prácticamente desde antes de la pandemia. “Este ropaje era ficticio; en definitiva, lo que había abajo era un negocio, se lucraba con esto”, afirmó Nanni.
El contraataque del sector denunciado no se hizo esperar: a pesar de las intimaciones estatales, la organización coordinó hace apenas diez días una nueva capacitación en la región que contó con la presencia de su fundador (un exjuez federal). Para el penalista, el evento funcionó como “un mensaje político en sí mismo” ante el avance de las denuncias.
El calvario de los plazos y el daño irreparable
La crítica del profesional se extendió a la falta de conexión y el “tire de pelota” constante entre el MPA y los Juzgados de Familia de Rosario, una dinámica burocrática que estira los procesos de manera indefinida. El impacto más severo lo sufren los menores y aquellos padres que quedan marginados de sus vidas:
Interrogatorios inquisitivos: Nanni denunció que las pocas audiencias fijadas recientemente por la fiscalía regional para tomarles entrevistas a los padres damnificados parecieron destinadas a exigirles a las víctimas que aporten los extremos de la imputación, tarea que le compete estrictamente al órgano acusador.
Como propuesta de fondo, el bloque de abogados que trabaja junto al Colegio de Abogados de Rosario y legisladores nacionales insta a reformular de manera urgente los marcos normativos. “Los plazos deben ser cortos, ágiles y rápidos. Las pericias y las cámaras Gesell no pueden quedar en manos de psicólogos particulares que vienen de afuera con certificados direccionados; deben ser sometidas a peritos oficiales y asistentes sociales de la Corte, que actúen con estricta neutralidad dentro del sistema”, concluyó Nanni, asegurando que no darán el brazo a torcer en los tribunales santafesinos.
