(*) Por Bernardo Basombrío
El “¡Viva la libertad, carajo!” que resuena desde que asumió Javier Milei en la Rosada, parece haber sido reemplazado en el edificio de enfrente, el Banco Nación, por el de “¡Viva la impunidad, carajo!”.
Aún recordamos el alboroto que, durante la gestión de Alberto Fernández, se generó al trascender en los medios que la entonces gerente general del Banco Nación había contratado a “Pitty, la numeróloga” para consultas astrales. Por esos servicios le pagó con fondos de la entidad unos $ 2.000.000.-
En ese momento también se supo que Carmen Barros, tal el nombre de la funcionaria, durante la presidencia de Silvina Batakis, se había aumentado el sueldo al equivalente a unos u$s 15.000.- y que había nombrado a varios familiares y amigos sin que, en muchos casos, acreditasen méritos profesionales para asumir esas responsabilidades.
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Camioneros en el Futuro Energético de ArgentinaVale recordar que cuando fue noticia oportunamente, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, en sus declaraciones a la prensa, además de solicitar que se labrara un sumario interno tras el encuentro que mantuvo con la entonces titular de la entidad, dijo: “Le pedí a Silvina Batakis que la separe del cargo. Fue una decisión hasta que se aclare la situación. Esto de la numeróloga, si iba a hacer coach, numeritos o qué iba a hacer”, se preguntaba en esos días, Sergio Massa.
Simultáneamente para esa fecha, la entonces diputada nacional, y ahora Legisladora en CABA, Graciela Ocaña, presentó una denuncia que recayó en el Juzgado Federal 9, a cargo de Daniel Rafecas, quien dio intervención al fiscal Guillermo Marijuan, que dispuso el allanamiento del banco e imputó a Batakis y a Barros, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y peculado y dispuso una serie de medidas de prueba.
La opinión pública desconoce el resultado de esa investigación, si es que realmente se hizo. Batakis es funcionaria del gobierno de Axel Kicillof y Barros, hasta el día de hoy, nunca dejó de estar vinculada al banco. Asiste a las oficinas de la casa matriz esporádicamente, cobra mensualmente $ 14.500.000.- y, cumplió, una sanción de 10 días de suspensión tras el sumario que se le abrió oportunamente.
Ahora, trasciende la existencia de un documento que está a la firma para su desvinculación, que podría convertirse en un nuevo escándalo.
Debido a que la funcionaria cumple años el 15 de enero próximo y alcanza la edad para jubilarse, le darán licencia -en el marco de ese documento- desde ahora y hasta entonces. La jubilación, en los bancarios, guarda relación directa con el sueldo del último año laboral, que es el que Barros se incrementó. Hasta cobrar su primera jubilación, percibirá el 80% de su haber actual, y en concepto de “retiro anticipado voluntario“, a sólo seis meses de jubilarse, cobrará la generosa suma de $ 300.000.000.-
El hecho suscitó un temblor interno: Alejandra Closas, la secretaria de Barros, fue despedida porque salió a la luz el acuerdo, aunque se anunció otro motivo administrativo. A raíz de ello, Gastón Álvarez, el cuestionado gerente de Negocios, movilizó a La Bancaria para “reclamar” por el despido de la asistente de la ex gerente. Rápido de reflejos, Álvarez quiere irse ahora para encargarse de la filial Madrid y evitar su despido, el mayor de los deseos que transmiten en la casa matriz y sucursales. Jorge Nappe y Ricardo Caccia, de la gerencia de Compras y, Maximiliano Piantanida, de gerencia de RRHH son legjos que están a la vista para el despido y, a la vez un espectro afín a Barros, contaminado por sus desmanejos.
Con los funcionarios kirchneristas, durante el “albertismo”, muchos empleados del Nación fueron muy maltratados y ahora observan con desilusión, frustración y bronca, el «laissez faire, laissez passer» – dejar hacer, dejar pasar – que aplican las actuales autoridades de la entidad. Había otras expectativas: “Pega fuerte al pecho, ver que no hay justicia”, explicitó uno de ellos.
La administración Milei va detrás del objetivo de convertir a la entidad financiera en una sociedad anónima (SA), lo que permitiría abrirlo al capital privado sin privatizarlo formalmente. Sería un buen signo que los futuros accionistas no encuentren estos desatinos, todavía sin resolver.
(*) Periodista y escritor
