En la sesión que ayer llevó adelante el Senado Santafesino, se designó a los representantes de la Cámara ante el Consejo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, órgano consultivo del gobierno que conduce Omar Perotti para designar, controlar y desplazar a los defensores públicos.
Dos son los nominados y uno de ellos es el sanlorencino Armando Traferri, quien ocupará la suplencia, mientras que el titular es Felipe Michlig.
La designación de Traferri generó más polémica a todo lo que ya viene sucediendo en su entorno tras el escándalo político generado por ser señalado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra por su presunta vinculación con el crimen organizado, más específicamente, por sus estrechos vínculos con organizaciones relacionadas con el juego clandestino y el lavado de dinero.
Por esas acusaciones se solicitó su desafuero, pero sus pares lo rechazaron, con lo que no pudo ser imputado ni llamado a prestar testimonio ante la Justicia.
Esta designación del sanlorencino bien podría enmarcarse dentro de las ríspidas internas que mantiene el PJ provincial tras la llegada de Perotti al poder. En la actualidad, Traferri mantiene una fuerte disputa con el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, hombre de extrema confianza para el gobernador. Con ello se posicionó en un sector incómodo, aunque para nada desconocido, ya que en más de una ocasión esa actitud le sirvió para “negociar” decisiones políticas con el Ejecutivo.
Las medidas que debe tomar el Consejo Servicio Público Provincial de Defensa Penal deben estar orientadas a garantizar efectiva y eficientemente el derecho de defensa a las personas más vulnerables social y económicamente, particularmente cuando su libertad se encuentre amenazada o afectada.
El Servicio Público Provincial de Defensa Penal deberá llevar adelante acciones institucionales programáticas tendientes a generar un entorno de plena vigencia del estado de derecho y de los derechos humanos en el cual pueda ejercitarse plenamente el derecho de defensa de toda persona sometida a persecución penal de cualquier tipo, articulando con los actores no estatales involucrados.
En otro orden, Traferri informó que elevó uun pedido a la Cámara Alta para que el Ejecutivo informe las demoras en la ejecución de las obras previstas en la Avenida Interurbana que unirá a las localidades de San Lorenzo con Capitán Bermúdez, en una traza que se extiende a la vera de las vías del BCA.
Específicamente, el emprendimiento está detenido en jurisdicción de Fray Luis Beltrán, donde hay un sector por el que esta calle debe atravesar, pero que en la actualidad está ocupada por frentistas.
Por ello, el senador solicitó precisiones sobre la reubicación de unas 40 familias, cuyos lotes deberán ser expropiados para continuar con dicha traza.
Fuente: airedigital
