El procedimiento fue realizado por la Guardia Provincial sobre la Ruta Nacional 11, donde el menor fue interceptado mientras se trasladaba junto a sus padres. Según fuentes del caso, la Policía de Investigaciones (PDI) ya lo seguía desde la noche anterior, en el marco de distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.
De acuerdo a las primeras líneas investigativas, el joven no habría participado directamente del ataque armado, pero sí podría haber intervenido en maniobras destinadas a ocultar elementos o información clave. En paralelo, en las últimas horas se difundió la primera imagen de la escopeta utilizada en el crimen, la cual continúa siendo peritada.
El Gobierno de Santa Fe en conferencia de prensa dio detalles de la causa, mientras mantiene un operativo interministerial en la ciudad, enfocado en la contención de la comunidad educativa, la asistencia a las familias y el acompañamiento a vecinos.
Como parte de las medidas adoptadas tras el hecho, se dispuso la suspensión de clases en todos los establecimientos de San Cristóbal durante este lunes y martes. La escuela donde ocurrió el ataque permanece cerrada por orden judicial.
En ese contexto, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, advirtió que la investigación podría trascender el ámbito local. “Estamos trabajando en esto que excede a la Argentina porque es una red internacional. Es una estructura difusa, gigantesca, atomizada y anárquica, con una finalidad macabra de causar el mayor daño posible y venerar a autores de grandes masacres”, sostuvo.
El funcionario remarcó que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación y el fiscal interviniente, y aseguró que no se descarta ninguna hipótesis. “Hay un trabajo enorme y estamos poniendo a disposición todos los equipos para que ninguna línea investigativa quede sin analizar”, afirmó.
Galfrascoli también señaló que las autoridades cuentan con experiencia en situaciones similares, recordando antecedentes de amenazas falsas de bomba en establecimientos educativos. “En esos casos se investigó, hubo allanamientos y detenciones, y se logró desactivar esa psicosis social con un trabajo sostenido de política criminal”, explicó.
Además, destacó que actualmente se utilizan herramientas de ciberpatrullaje tanto a nivel nacional como provincial, en coordinación con la justicia, para detectar posibles riesgos. “También trabajan unidades especializadas que monitorean redes sociales y otros entornos digitales, incluso plataformas de videojuegos online, donde pueden circular mensajes o información vinculada a delitos”, detalló.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones en función de los avances que surjan en las próximas horas. Mientras tanto, el foco oficial sigue puesto en el acompañamiento a las víctimas y en reforzar las medidas de prevención y contención en la comunidad.
