Día D en la Causa San Lorenzo: declara Manuel Casado

A las 10 de la mañana comenzó la declaración de Manuel Casado, único querellante, en los Tribunales federales de Rosario en la causa contra los ex militares Rubén Cervera y Horacio Maderna y el civil Pili Rodríguez.


El ex dirigente gremial Manuel Casado prestará declaración indagatoria en el juicio por delitos de lesa humanidad en el cordón industrial del Gran Rosario que se lleva adelante en los Tribunales federales de Rosario. Se trata del único querellante de la causa que tiene como imputados a los ex militares Rubén Cervera y Horacio Maderna y el civil Pedro Pili Rodríguez.

Los imputados Cervera, Maderna y Rodríguez están acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en perjuicio del dirigente gremial Manuel Casado, que en los 70 era dirigente gremial y militante de la agrupación Sabino Navarro, vinculada a Montoneros. Casado fue secuestrado a plena luz del día el 25 de marzo de 1976, al día siguiente del golpe de Estado. El gremialista fue trasladado a la Municipalidad de San Lorenzo, donde fue golpeado e interrogado por Maderna, Cervera y Rodríguez.

Luego, fue encapuchado y llevado al Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, donde fue torturado con picana eléctrica, golpeado duramente en varias ocasiones y encerrado en una celda de diminutas dimensiones. Según el expediente, los tres imputados participaron del interrogatorio. Luego de tres días, Casado fue trasladado a la Jefatura de policía, y finalmente liberado.

¿Juicio suspendido?

La fiscal Mabel Colalongo pidió ayer la suspensión del juicio oral que se les sigue a tres sindicados represores por crímenes de lesa humanidad en el cordón industrial, solicitando la acumulación del caso —que tiene a una sola víctima— con el resto de los que aún permanecen en etapa de instrucción a cargo del juez Marcelo Bailaque.

Colalongo argumentó ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario que este proceso “no permite juzgar cabalmente el accionar del terrorismo de Estado”, y por lo tanto “ni obtener la verdad de lo sucedido ni reparar el daño ocasionado a las víctimas”. El querellante y víctima Manuel Casado se sumó a la solicitud, mientras que las defensas rechazaron el pedido.

El tribunal realizó ayer la segunda audiencia del juicio oral contra los ex militares Rubén Cervera y Horacio Maderna y el civil Pedro Pili Rodríguez, acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en perjuicio del dirigente gremial Manuel Casado.

En su argumentación, Colalongo citó tratados y jurisprudencia de tribunales internacionales y resoluciones de la Cámara de Casación. Remarcó que “en esta audiencia sólo tenemos una víctima del cordón industrial de San Lorenzo y está ausente el 99 por ciento restante, de la misma manera que están acá unos pocos de los imputados”. Advirtió que “la posible reparación parcial que pueden tener los sobrevivientes y la sociedad sólo es posible si tenemos a todas las víctimas para dilucidar el operativo represivo total”.

Señaló que de esta forma “se revictimiza tanto a las víctimas como a los familiares que no pudieron acceder a la justicia, la cual se la negamos con esta ultraparcialización de la causa”. La fiscal se preguntó: “¿Cómo garantizamos el derecho a la verdad? ¿Cuántas veces vamos a citar a declarar a las víctimas? ¿Hasta cuándo vamos a poner en la cabeza de las víctimas la inoperancia del Poder Judicial? ¿Cómo vamos a garantizar una pena adecuada con una sola víctima en un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos?”.

Poder económico. Colalongo remarcó que “en esta causa llamativamente tenemos la oportunidad de investigar a civiles”, en alusión a las grandes empresas del cordón industrial, las cuales “representaban y representan un poder hegemónico, del cual las Fuerzas Armadas fueron un brazo de ese poder”, y al hecho de que las víctimas “son mayoritariamente obreros que se oponían a las burocracias sindicales”.

Sostuvo que el atraso de la instrucción de la investigación “no es casualidad, porque acá está seriamente comprometida la pata civil”, y que en Rosario “se consiguió mantener el poder hegemónico de las empresas, como no ocurrió en Jujuy, donde (el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos) Blaquier está procesado”. Por todo ello, la funcionaria solicitó la suspensión del juico, que el caso se reintegre al resto de la investigación, y advirtió que en caso de ser denegado su pedido, recurrirá a la Cámara de Casación.

El abogado Gustavo Feldman, representante del querellante y única víctima Manuel Casado, adhirió al pedido fiscal de suspensión, planteó que “vivimos en un Estado de derecho de baja intensidad”, y dijo que “esta investigación tuvo todas las falencias de la Justicia federal”.

Señaló luego que “Casado está ansioso, quiere el juico y la condena, pero no olvida a sus compañeros de lucha que también fueron víctimas”, aunque consideró que “si el tribunal decide proseguir el juicio creo que vamos a encontrar verdad y justicia”.

Las defensas de los tres imputados rechazaron la suspensión argumentando el derecho de los acusados a tener un juicio en un “plazo razonable”. Añadieron que el planteo de la fiscal es extemporáneo dado el avance de la instancia procesal, ya que “el fiscal instructor” no realizó ese pedido oportunamente. Adujeron que “la causa se inició en 2004, y hace cuatro años fue elevada a juicio” para sostener la tesis del “plazo razonable”.

Al respecto, el abogado de la querella retrucó que “si de plazo razonable se habla, Casado esperó 37 años para estar sentado aquí”.

El tribunal, integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivón Vella, pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, cuando comunicará su decisión respecto del pedido fiscal.

Los hechos. Casado, dirigente gremial y militante de la agrupación Sabino Navarro, vinculada a Montoneros, fue secuestrado a plena luz del día el 25 de marzo de 1976, al día siguiente del golpe de Estado. El gremialista fue trasladado a la Municipalidad de San Lorenzo, donde fue golpeado e interrogado por Maderna, Cervera y Rodríguez.

Luego, fue encapuchado y llevado al Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, donde fue torturado con picana eléctrica, golpeado duramente en varias ocasiones y encerrado en una celda de diminutas dimensiones. Según el expediente, los tres imputados participaron del interrogatorio. Luego de tres días, Casado fue trasladado a la Jefatura de policía, y finalmente liberado.

 

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