Delitos de lesa humanidad

Día de la Memoria: Torturador de ayer, reivindicado y premiado hoy por el Sindicato Aceitero

En la fecha se conmemora otro aniversario del último golpe cívico-militar contra la democracia y las organizaciones obreras o de derechos humanos mantienen silencio en torno al ofrecimiento de Pablo Reguera para con el sentenciado Pedro Alberto Rodríguez


Hoy se conmemora el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en alusión al 24 de marzo de 1976, fecha en que se produjo el último golpe cívico-militar contra la democracia y con el que se instauró un mortal aparto  de terrorismo de Estado que ejecutó a miles de compatriotas y que que responsable de generar 30.000 desapariciones forzadas.

En nuestra región, ese mismo aparato se instauró y produjo la desaparición forzada de más de una docena de habitantes del Cordón Industrial.

Ellos fueron Hugo Parente, Lina Funes, María Montenegro, Juan Funes, María Castellini, Carlos Vergara, Roberto Camuglia, Roberto De Grandi, Rafael Carroza, María Cuatrin, Carlos Kruppa, Rosa Benuzzi, José López, Isabel Carlucci, Ramón Di Fiore y José Prat.

La mayoría de ellos desaparecieron durante la denominada “Noche Trágica”, ocurrida en 1976; muchos de ellos eran miembros de la columna “Sabino Navarro”, una organización subversiva vinculada a Montoneros.

Esa rama local tenía entre sus militantes a una persona que luego, con el paso de los años, acabó siendo juzgada y sentenciada por delitos de lesa Humanidad: Pedro Alberto Rodríguez.

Si bien está imputado en una causa conocida como la de “Desaparecidos en el Cordón Industrial”, fue sentenciado por otra en la que quedó identificado como uno de los secuestradores, represores y trituradores de Manuel Casado, por entonces secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo, quien a pesar de los sufrido pudo sobrevivir.

Lo cierto es que en el día que se conmemora ese negro pasado argentino, no hubo organización obrera o de derechos humanos que expusiera un repudio y/o recordación del exabrupto que cometió el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo al solicitar a la Justicia Federal un beneficio a favor de Rodríguez para que le permitiera salidas transitorias a fin de desempeñarse como asesor letrado de dicho gremio a cambio del pago de sus honorarios; ergo, pidió que le permitieran salir de prisión (domiciliaria que actualmente cumple en una casa quinta en un country de Oliveros) para prestar labores profesional, tal como ya lo había hecho para este gremio, sin importar el delito por el que fue sentenciado.

Sería loable tal actitud para cualquier otro reo, en su afán por darle una oportunidad de reinsertarse en la sociedad, pues de hecho, la finalidad del cumplimiento de cualquier período en prisión es readaptar a quien cometió un delito, pero en el caso de aquellos vinculados a lesa humanidad, la mirada, más bien, es distinta.

En el caso de Reguera, primero negó haber solicitado a la justicia dicha petición (lo hizo públicamente e incluso se lo negó en la cara al concejal sanlorencino Marcelo Remondino, uno de los principales responsables en sostener la causa sobre Manuel Casado y otras investigaciones en torno a NN enterrados en la región), y luego lo reconoció cuando el documento en cuestión quedó expuesta a la opinión pública. Como argumento, no esgrimió una visión humanitaria, sino que aceptó que lo hizo “por todo lo que los aceiteros le debemos”.

En un reportaje que brindó a LT8, dijo: “Con todas las cosas que él (por Rodríguez) ha hecho por mí, donde estoy yo, se lo debo a él. Yo hoy no estoy sacando a nadie de la cárcel, yo con él tengo muchas deudas”.

“En el 2001 fui a buscarlo a su estudio, él venia de ser diputado provincial. En ese momento no teníamos para pagar, éramos 300 socios y le dije que como él ya estuvo trabajando en política, que lo necesitaba para que me de una mano. Armé un equipo con él y hoy el sindicato está donde está, y él me ha ayudado un montón”, agregó.

“La gente que repudia hoy ¿qué hizo por los trabajadores aceiteros cuando estaban todos tercerizados? Yo no lo fui a buscar a a él por ese problema, fui porque en ese momento venía de ser diputado de la provincia”, concluyó.

Ya con muchas sospechas encima y pronto a ser juzgado por esos delitos de lesa humanidad, Rodríguez intentó asumir como concejal tras las elecciones en las que obtuvo la cantidad de votos para alzarse con una banca (por entonces apoyado por los ex ediles Ramón Dechille y Roberto Camerlo). Ante la negativa de sus pares algunos salieron a “bancarlo”, y entre ellos estuvo en primera fila Pablo Reguera junto a otros miembros del sindicato aceitero.

Hasta el momento, Rodríguez sigue en prisión domiciliaria y todo parecería indicar que el gremio desistiría de dicha petición, aunque Reguera ni otro integrante de su comisión directiva salió a hablar del tema. “Eso lo discutiremos en su momento y puertas adentro”, dijo Daniel Succi, oportunamente, pero tampoco trascendió si hubo siquiera alguna reunión al respecto.

Así como no hubo organizaciones que le solicitaran mayores explicaciones (salvo un par de tímidas excepciones), tampoco hasta el día de hoy el sindicalista mostró un arrepentimiento por contratar a un torturador sentenciado por delitos d elesa humanidad.

Memoria activa…

 

 

 

 

 

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