El gigante agroindustrial Vicentin logró en las últimas horas dos movimientos clave que pueden marcar un punto de inflexión en su agónica trayectoria judicial y financiera. La empresa no solo ratificó el compromiso de la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), que ya venía aportando girasol y ahora también sumará soja para operar la planta de San Lorenzo, sino que además sumó a un nuevo jugador de peso: Ammagi, la firma brasileña que aparece por primera vez con un contrato de fazón para la planta de Ricardone.
La noticia llega con un sabor a alivio en medio de una tormenta que no cesa. Gracias al esquema de fazones acordado, la compañía logró hacer frente al pago de los sueldos de marzo y abril, desactivando —por ahora— un conflicto gremial que amenazaba con paralizar definitivamente las operaciones. Pero lo que se viene es un desafío aún mayor.
Desde junio, Vicentin entra en una nueva etapa: la del cramdown, el proceso que abre la puerta a que terceros interesados presenten ofertas para quedarse con la empresa. Esto ocurre en paralelo a un pedido de queja presentado ante la Corte Suprema nacional, en un intento por frenar lo que muchos ven como el último capítulo de la novela judicial más larga de la historia empresarial santafesina.
¿Alcanza con los fazones?
El nuevo esquema productivo basado en fazones —donde empresas aportan materia prima y utilizan las plantas industriales de Vicentin para procesarla— aparece como la última carta para sostener a flote al gigante caído. La incorporación de Ammagi, con su aporte de girasol para Ricardone, se interpreta como un gesto de confianza del mercado. Pero incluso con los contratos ya firmados con Cargill, Bunge, LDC, Molinos, Commodities, ACA y Viterra, la pregunta que todos en el sector se hacen es: ¿alcanza?
La respuesta por ahora es un silencio incómodo. El problema de fondo sigue siendo el mismo: una deuda post concursal que no para de crecer, sin respaldo financiero para hacerle frente, y un nivel de operaciones aún por debajo del umbral de rentabilidad. Como señalaron fuentes judiciales a SL24, “la empresa está caminando en la cornisa”. Y algunos ya empiezan a hablar de un Cisne Negro que podría desencadenar una quiebra imprevista, incluso antes de que el cramdown llegue a definirse.
El nodo sur en marcha, el norte en suspenso
Con los nuevos acuerdos, las plantas de Ricardone y San Lorenzo retoman actividad bajo control del órgano interventor, que actúa en representación del juez Fabián Lorenzini. Se trata del nodo industrial más importante del grupo, con la terminal fluvial y la planta de extracción de soja más grande del país. En cambio, el nodo norte —ubicado en Avellaneda— sigue dependiendo de contratos anteriores vinculados principalmente al procesamiento de maíz, y por ahora no hay novedades sobre nuevos aportes de materia prima.
Esta disparidad operativa genera preocupación, especialmente por el estado financiero de esa planta, que arrastra fuertes deudas post concursales con proveedores estratégicos como la cooperativa eléctrica de la localidad. Un incumplimiento en esos pagos podría derivar en cortes de servicios y dejar fuera de juego al último bastión productivo en el norte santafesino.
El tablero judicial sigue siendo el más delicado
El proceso de cramdown abre un nuevo tablero de juego, donde los interesados en quedarse con Vicentin deben presentar sus ofertas y convencer al juez y a los acreedores. En simultáneo, la causa sigue escalando en el terreno judicial con múltiples frentes abiertos: las causas penales contra directivos, los reclamos laborales, las deudas impositivas y el pedido de intervención a la Corte Suprema.
Mientras tanto, el país mira con atención este capítulo clave en la historia de una de las empresas más emblemáticas del agro argentino, una compañía que supo estar entre las cinco mayores exportadoras y que hoy intenta sobrevivir con el aire justo que le dan empresas que, ayer competidoras, hoy parecen aliadas momentáneas.
