Según comunicó el directorio, ambas firmas ofrecieron públicamente continuar con los fazones de girasol y etanol, comprometiéndose verbalmente a adelantar el 50% del precio correspondiente a esa producción. Con esos fondos, la empresa asegura que estaría en condiciones de abonar el 25% de los salarios de marzo a todo el personal la semana próxima, y otro 25% a fin de mes.
Además, Vicentin afirma que utilizará esos ingresos para regularizar compromisos comerciales urgentes: pago de transporte, energía, insumos y aportes patronales. “Esto debería permitir el giro de la empresa durante lo que resta del mes de abril”, señala el comunicado emitido desde su sede en Avellaneda.
Sin embargo, el esquema depende de múltiples condiciones. Por un lado, la confirmación formal por parte de los clientes. Por otro, la aceptación expresa de los sindicatos y del personal fuera de convenio. Y finalmente, la garantía de que no se interrumpan los servicios de electricidad y gas, claves para sostener la producción.
“El principio de acuerdo entre empresa, trabajadores, clientes y sector público —todavía insuficiente para superar la grave situación actual— puede representar el inicio de una salida racional hacia la estabilidad que toda la comunidad necesita, requiere y persigue”, concluye el documento.
Un salvavidas en medio del naufragio
La propuesta surge en medio de un clima de máxima tensión judicial y social. Las plantas llevan una semana paralizadas, con trabajadores en asamblea permanente, sin cobrar sus salarios. La incertidumbre también golpea a los proveedores, a las empresas logísticas y al entramado agroindustrial de toda la región.
La comunidad de Ricardone y Avellaneda sigue atenta. La continuidad productiva de las plantas no solo representa una fuente de ingresos para cientos de familias, sino también un termómetro del futuro de la empresa que fue emblema del modelo agroexportador santafesino.
