La industria está afectada por los altos costos de fletes que se suman a la inseguridad jurídica que generan los tribunales de Rosario con relación a los armadores de buques y charteadores internacionales.
La guerra desatada en Medio Oriente producto del ataque terrorista de miembros de Hamas a los kibutz en la zona de la Franja de Gaza en tierras de Israel, y que provocó las represalias del ejército israelí en territorio palestino, tiene ahora un nuevo capítulo: los Hutíes, en colaboración con el pueblo palestino, comenzaron a atacar los buques mercantes que navegan por el mar rojo mediante drones y misiles desde Yemen. Esos mismos buques bajo ataque masílicos son los que vienen a Argentina a cargar los granos que exporta nuestro país.
Estos ataques terroristas, que tuvieron su máximo daño con el hundimiento del buque británico Rubymar en febrero, obligaron a las empresas navieras a tomar rutas más largas para evitar los ataques, debiendo circunnavegar el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Esta situación ha llevado a que el mercado de fletamento de buques graneleros se dispare en todo el mundo, duplicando su costo diario. Llevado a números, el costo del flete de los buques graneleros pasó en promedio de diez mil dólares diarios a valores superiores a los veinte mil.
La inestabilidad global genera muchas fluctuaciones en los costos haciendo lugar también a la especulación con contratos que estaban concluidos a valores anteriores a los ataques del mar rojo, e incrementando el nivel de litigiosidad por incumplimientos contractuales.
Justicia Federal de Rosario clave
Siendo el complejo agroexportador de San Lorenzo y Rosario uno de los más congestionados a nivel global, la reacción en tiempo y los conocimientos de la justicia sobre cuestiones marítimas son claves para que el hub portuario del Gran Rosario sea un destino competitivo, eficiente y seguro para el comercio internacional de granos y subproductos.
Algunos casos demuestran que los juzgados rosarinos no tienen magnitud ni foco en las cuestiones marítimas y de comercio exterior. Recientemente, un cargamento que debía salir del complejo portuario local se vio afectado por armadores que intempestivamente incumplieron sus compromisos para los cuales fueron contratados, especulando con la inacción de la justicia argentina y con el fin de cerrar nuevos contratos a tarifas post conflicto del mar rojo. Esta situación llevó a que el buque que ya había sido contratado, pero que se rehusó a cargar, tenga que ser reemplazado por otro buque a valores duplicados. Según reportes, en ese caso concreto el nuevo buque implicó un incremento de costos de casi dos millones de dólares que fue resultado de la especulación comercial.
El damnificado por la falta de cargamento solicitó el auxilio judicial con sendas medidas cautelares contra el buque en cuestión mientras se encontraba en Argentina, pero la justicia federal rosarina rechazó en primera instancia, al igual que la cámara federal de apelaciones de Rosario la medida intentada en base a que la ley argentina no reconocería ninguna protección en estos casos. La decisión terminó por materializar los sobrecostos y un incremento en la sensación de inseguridad jurídica del polo portuario que recibe más de 3000 buques al año. El caso fue apelado a la Corte Suprema, y es de esperar que se logre dimensionar el rol fundamental del sistema judicial argentino en el desarrollo del comercio exterior que evite especulaciones que redundan en perjuicio de la producción e industria local.
