El sitio de noticias de negocios de la ciudad de Rosario tuvo acceso al escrito presentado por los abogados de los directivos de Vicentin imputados por el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde.
En la jurisdicción federal los exdirectivos de la agroexportadora fueron procesados por el juez federal a partir de una denuncia hecha por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Lo cierto es que ahora la defensa de los ejecutivos de la compañía presentó un recurso de apelación mencionando que el auto de procesamiento dictado se basó, a criterio de los letrados, “únicamente en supuestas actividades ilícitas de proveedores con los cuales operó Vicentin, y que mucho tiempo después de los hechos se declararon apócrifos”.
De acuerdo a lo denunciado por el organismo recaudador en la presentación original y en su ampliación, durante los años 2016 a 2019, mediante solicitudes de reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación, Vicentín aprovechó o percibió de manera ilegítima más de $100.000.000, suma cuya solicitud de reintegro fue recurrentemente respaldada con facturación apócrifa, presentadas para su recupero en forma fraudulenta.
El auto de procesamiento está apalancado en fiscalizaciones realizadas en el mes de mayo de 2020, que habrían permitido detectar operaciones con 54 proveedores apócrifos incluidos por la exportadora en sus solicitudes de Reintegro de IVA Crédito Fiscal -ya efectivizadas- todas ellos correspondientes a los períodos fiscales 01/2016 a 10/2018.
Los cuestionamientos se fundan en general en que habrían verificado que los proveedores o bien carecen de actividad económica comprobada, o presentan resistencia a la fiscalización, o bien tienen una cantidad exigua de empleados o no pueden justificar el origen de la tenencia de los granos comercializados.
Lo cierto es que ahora el fuero federal deberá resolver si hace o no lugar a la presentación hecha por los abogados de Vicentin, José María Figuerero y Jorge Marcelo Ilharrescondo, que son los firmantes de un escrito al que tuvo acceso Punto biz y en el que intentan derribar la tesis planteada por el fiscal federal Roberto Salum y que terminó convalidando el juez Alurralde.
“La denuncia realizada por la Afip, más que a circunstancias objetivas presentes en la causa, que no se mencionan ni explican, responde a un inveterado criterio que viene expresando el órgano de recaudación en numerosos expedientes idénticos, que se tramitan en diferentes juzgados de todo el país. El Fisco considera de manera improcedente, que el simple contribuyente debe cargar con responsabilidades que son propias del organismo, y pretende que sean los particulares quienes investiguen y desentrañen las irregularidades de su proveedor, pese a que es la propia Afip la que lo ha convalidado como sujeto autorizado para operar”, reza el voluminoso escrito de más de 90 páginas.
Los letrados de la agroexportadora insisten en que “pudiendo inhibirlo como contribuyente en la base Apoc habilitada para tal fin”, la entidad tributaria “nada ha hecho, posibilitando que el supuesto proveedor apócrifo siga operando a sus anchas”. “Pretende así la Afip que su propia inacción y el incumplimiento de sus deberes, deba recaer en cabeza del contribuyente, como si éste tuviera acceso a las bases de datos de organismos públicos y Bancos, acceso que sí tiene fácilmente la denunciante quien -por razones que sería bueno conocer- permite y facilita que el supuesto apócrifo siga operando, responsabilizando luego de ello en forma insólita al contribuyente”, mencionan. El planteo es similar al hecho en su momento por los representantes legales una vez conocida la denuncia de Afip que abrió la investigación.
“¿Por qué no se investiga a los funcionarios que miraron para el costado cuando comprobaron estas irregularidades? ¿Porqué los fiscalizadores no encontraron nada o mejor dicho, por qué omitieron informar si es que era tan flagrante? ¿Se dio intervención a la Oficina Anticorrupción? No, la única solución a tan grave irregularidad parece ser denunciar al contribuyente”, reza el planteo esgrimido por los abogados Figuerero e Ilharrescondo.
En el escrito los letrados insistieron que Afip “no niega que las operaciones sean reales, que se pagaron como corresponde y que los granos ingresaron. Sólo dice que los proveedores fueron otros distintos que los que allí figuran”.
Plantean que “Vicentin cumplió con todas las normativas: pago por transferencia a las cuentas indicadas y autorizadas por la Afip, registración contable de los pagos, carpeta de cada proveedor demostrando que no estaban inhabilitados ni incluidos en la base Apoc y carta de porte de los traslados”. En ese marco, manifestaron que la compañía “nunca trató en forma directa con los proveedores, ni hay probada ninguna relación con ellos. Vicentin operó en todos los casos por medio de corredores, que también estaban perfectamente habilitados en la época”.
“Vicentin no recibía ningún beneficio económico por estas operaciones que simplemente consistían en una devolución de IVA que podría haberse obtenido con cualquier proveedor. La supuesta maniobra no tiene ningún sentido ya que sólo beneficiaría a terceros proveedores con los cuales Vicentin no tiene relación alguna. Ni siquiera la Afip afirma esto”, plantearon.
