El mercado de los desarrollos inmobiliarios y fideicomisos de la región atraviesa una profunda crisis de confianza a raíz de tres grandes conflictos que han derivado en denuncias penales, intimaciones gubernamentales y quejas masivas de ahorristas. Esta ola de irregularidades que pone en jaque a todo el sistema de desarrollos tiene su correlato a nivel local: en la ciudad de San Lorenzo ya hay una fuerte preocupación con uno de los edificios en desarrollo gestionado por una firma de Rosario, ante el temor de que se repliquen los incumplimientos.
Uno de los casos más resonantes es el de Bauen Pilay. Según la información recabada por el portal Versión Rosario, el colectivo de suscriptores afectados denunció que desde mayo no se realizan nuevas adjudicaciones y que la empresa ya no dispondría de los terrenos que ofrecía como alternativa frente al Estadio Mundialista de Hockey en Rosario. Alicia Bernal, referente de los damnificados, sostuvo que se tratan de “promesas de viviendas que ni siquiera están construidas y que se ubican fuera del radio previsto contractualmente”. El conflicto ya escaló al Concejo Municipal de Rosario, que abrió un registro de perjudicados, mientras que diputados nacionales evalúan una ley para proteger a quienes suscriben este tipo de planes.
En paralelo, el impacto ambiental y las obras sin autorización frenaron uno de los loteos más exclusivos de la zona de Funes. Según informó Cadena 3 Rosario, el Gobierno de Santa Fe intimó formalmente a Davik SA, fiduciaria del Fideicomiso Damfield Funes, exigiéndole la restitución de las condiciones originales del terreno y la remediación del daño ambiental producido. La decisión de la Provincia se fundamenta en un informe del Instituto Nacional del Agua (INA), el cual advirtió que la expansión urbana y las modificaciones del suelo “incrementaron de manera sostenida el riesgo hídrico y de inundaciones” para el oeste de Rosario, Funes y Pérez.
El tercer vértice de esta crisis institucional salpica directamente a las inmobiliarias a través del caso Grupo Roma. En diálogo con Cadena 3 Rosario, el vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, José Ellena, confirmó que recibieron varias denuncias contra profesionales que comercializaron estos lotes. El dirigente fue contundente respecto a la responsabilidad ética: “Si se engañó o se aprovechó del desconocimiento del comprador, es una falta que el Tribunal de Ética juzgará”.
Ellena advirtió que salir a vender terrenos con apenas una “preaprobación” es una práctica habitual pero altamente riesgosa, y apuntó a una responsabilidad mancomunada entre el desarrollador, el corredor inmobiliario y las autoridades estatales que otorgan viabilidad a proyectos inviables.
