El planteo de Ilharrescondo fue contundente: “Esto me subleva como letrado de casi 30 años de ejercicio profesional. Nunca me pasó que una fiscalía investigue a mi estudio, a mis socios y a otros abogados”. Según detalló, entre 2019 y 2024 los fiscales accedieron a todas las facturas del estudio, “sin diferenciación alguna” y con exposición a empleados, asistentes contables e incluso medios de comunicación.
El punto es clave porque uno de los argumentos utilizados por los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno para pedir las prisiones preventivas fue justamente el presunto manejo de la empresa Vicentin por parte de los imputados, a través del pago de honorarios a sus defensores. Esa evidencia estaría, según Ilharrescondo, viciada por la obtención ilegal de la información.
La defensa presentó un dictamen jurídico de la doctora Gabriela Tozzini, directora de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR y especialista en Derecho Tributario de la UCA, quien afirmó que los fiscales no pueden acceder a facturas de honorarios profesionales sin orden judicial. “Está comprometido el ejercicio pleno de la defensa, la incoercibilidad del abogado, la autonomía e independencia profesional, el derecho a la intimidad, el sigilo y el secreto fiscal”, indica el informe.
“Esta es la base sobre la cual se construyó gran parte de la apariencia de responsabilidad que justificó las prisiones preventivas. Es una grosera violación de las garantías constitucionales”, señaló Ilharrescondo. También destacó que solicitó la intervención institucional del Colegio de Abogados de Rosario por considerar que el ejercicio profesional fue vulnerado.
“¿Qué nos pasó a los abogados? Acá se atacó el ejercicio de la profesión. Se pretendió condicionar. Se esgrimió una espada de Damocles contra nosotros”, insistió el defensor.
La respuesta del Colegio de Abogados no se hizo esperar: mediante un comunicado, la institución expresó su “desaprobación a cualquier práctica proveniente de los poderes del Estado que pueda vulnerar principios fundamentales como el secreto profesional, la confidencialidad cliente-abogado y la autonomía en la función de defensa”.
El texto, además, señala que “toda actuación, especialmente de organismos que deben velar por la legalidad, debe ajustarse estrictamente a derecho, evitando vulneraciones al secreto fiscal o profesional”. Finalmente, el Colegio reafirmó su “rol como garante del respeto a la ética profesional”.
Mientras la Justicia define la situación procesal de los directivos detenidos, la denuncia de Ilharrescondo abre un nuevo capítulo en una causa que ya suma derivaciones institucionales y gremiales. La discusión ahora no sólo gira en torno a la responsabilidad penal de los empresarios, sino también al límite de las facultades de investigación del Ministerio Público Fiscal.
Fuente: Hernan Funes para Cadena 3 Rosario
