En Ricardone, las autoridades comunales están bajo la lupa por la gestión de cupos en las instituciones educativas locales, un conflicto que afecta a estudiantes y sus familias. Según denuncian, en lugar de garantizar el acceso a la educación en las escuelas de la localidad, la comuna comenzó a investigar la situación personal y económica de las familias.
El problema se originó cuando, tras un sorteo realizado por el Ministerio de Educación de Santa Fe, varios alumnos provenientes del nivel primario quedaron sin cupo en la Escuela Agrotécnica de la localidad. A pesar de presentar recursos administrativos tanto al ministerio como a las instituciones educativas y a la comuna, las familias aseguran que no han recibido respuestas ni atención.
El abogado Gabriel Filippini, representante legal de las familias, denunció un episodio reciente que profundizó la preocupación de los padres. Según explicó, funcionarios comunales se presentaron en el domicilio de una de las familias afectadas solicitando información personal, como los ingresos mensuales, la cantidad de integrantes en el domicilio, si contaban con movilidad propia y otros datos económicos. “Este tipo de requerimientos vulnera el derecho a la protección de datos personales y no corresponde que sean solicitados por la comuna”, enfatizó Filippini.
Ante esta situación, un grupo de padres organizó una reunión para solicitar explicaciones a las autoridades locales. Sin embargo, intentaron sin éxito ser recibidos por el área de Acción Social y por el jefe comunal. “Queríamos entender por qué se pedían estos datos y para qué serían utilizados, pero no obtuvimos ninguna respuesta clara”, expresó el abogado.
Filippini también pidió a las autoridades a cesar de inmediato los pedidos de información personal y a enfocar sus esfuerzos en políticas educativas que permitan garantizar el acceso de los estudiantes a las escuelas de su localidad. “Es fundamental que los chicos puedan comenzar el ciclo lectivo 2025 en el Anexo educativo que les corresponde, y que se prioricen las gestiones para resolver esta problemática”, ultimó.
El conflicto, que inició en octubre del 2024, mantiene en incertidumbre a numerosas familias, quienes exigen soluciones urgentes y mayor compromiso de las autoridades locales y provinciales.
