El ajuste comenzó con el freno a las obras públicas

También se restringieron las transferencias a las Provincias. En el primer trimestre del año los gastos de capital crecieron un 34,3%; en el segundo el 20,2% y en el tercero cayeron el 8,3%.


Preocupado u obligado por el creciente déficit fiscal, el Gobierno comenzó a ajustar las cuentas públicas. Y lo hizo desacelerando los gastos, pero con mayor fuerza con los destinados a las obras de infraestructura y a las provincias.

“La ralentización de la velocidad de expansión del gasto al mes de septiembre provino fundamentalmente por el lado del gasto de capital que evidenció una caída del 2% respecto al noveno mes de 2011”, dice IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).

Los datos oficiales marcan que en el primer trimestre del año los gastos de capital crecieron un 34,3%, en el segundo trimestre se redujeron al 20,2% y en el tercero directamente tuvieron una caída nominal del 8,3%. Así de enero a septiembre el aumento nominal fue de sólo el 11,4%, muy por debajo de la inflación real y por detrás de más del 30% de los 12 meses anteriores. Las más perjudicadas fueron las Provincias.

A pesar de este ajuste, el impacto es menor por la baja participación que tienen los gastos de capital sobre el gasto total y no llegó a alterar la trayectoria ascendente del déficit total. En los 9 primeros meses, el desequilibrio del sector público nacional fue de $16.100 millones, “multiplicando por tres el rojo registrado en igual periodo de 2011 ($5.280 millones)”, dice el informe del Departamento de Economía del Banco Ciudad. Para 2012 el déficit fiscal nacional rondaría los $55.000 millones y otros $30.000 millones las Provincias.

IARAF asegura que “uno de los rubros que viene mostrando en lo que va del año una performance de decidida desaceleración es el de las transferencias de capital a las provincias. Y esto engloba tanto los envíos discrecionales, como aquellos que desde abril de 2009 se realizan de manera automática por medio del Fondo Federal Solidario (FFS) que reparte entre las provincias y CABA el 30% de los recursos generados por los derechos de exportación sobre el complejo sojero”.

También la consultora Empiria señala que “por virtud o por necesidad, se observa una moderación del impulso fiscal en el tercer trimestre del año. Tras la relajación fiscal del primer semestre, cuando el gasto público creció más rápido que los recursos tributarios (32% vs. 24% anual), entre julio y septiembre registran al menos un “empate” en su tasa de expansión, en torno del 24% anual”. Y la evolución “del gasto por componente muestra que la desaceleración se registra no sólo en los gastos de capital sino también en bienes y servicios (proveedores), remuneraciones y transferencias al sector privado (subsidios productivos)”.

Así las cosas, sumada al freno del sector privado, la inversión viene en retroceso. Según el INDEC, en el segundo trimestre la inversión interna bruta fija retrocedió el 15% y en los primeros 9 meses hubo una caída muy fuerte — del 23,7%– en las cantidades importadas de bienes de capital. Se estima que en el tercer trimestre, la caída en la inversión supera el 20%.

De esta manera, mientras el discurso oficial asegura que el Gobierno aplica políticas contracíclicas para hacer frente a los efectos de la crisis internacional y mantener el crecimiento del mercado interno, el gasto público se está ajustando por el lado de las inversiones, de los envíos a las provincias y del salario real de los empleados públicos nacionales. Llamativamente en este contexto se sospecha que las jubilaciones y pensiones fueron incrementadas a partir de septiembre 3 puntos menos que las que surgirían de la formula de movilidad (aumentaron el 11,42% cuando debió haber sido del 14,3%) con un “ahorro” fiscal para el Estado de $6.000 millones anuales.

El miércoles la Presidenta volvió a insistir con la aplicación de políticas contracíclicas de aliento al consumo al anunciar que el medio aguinaldo de diciembre quedará excluido del impuesto a las Ganancias. Pero esa medida excluye al 75% de los asalariados no alcanzados por ese impuesto, a los monotributistas y autónomos y su impacto es mínimo respecto de la pérdida de poder adquisitivo que representa no haber ajustado por inflación el mínimo no imponible y demás deducciones del impuesto.

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