Saltean controles administrativos

El Banco Nación pagó $ 2.100 millones de pesos sin aval jurídico

Desoyeron los límites impuestos por la Ley al contratar y, evitaron dar parte al BCRA por las normativas impuestas. Involucraron el hábeas data de clientes, lo que pone al rojo vivo la impunidad que campea en esos pasillos.

Por Bernardo Basombrío, especial para SL24 (*)

Referimos que la afectación patrimonial que tocó al Nación, fue la discontinuidad del uso de la marca de la tarjeta Nativa, mejor ubicada en valor que Visa y Mastercard, dispuesta por el directorio con la Resolución del 22 de julio de 2021. A pesar de que el estudio de mercado encomendado a la consultora de Roberto Bacman fue elogioso sobre la marcha del producto.

Ese activo intangible contemplaba la formación de una centralizadora propia, que le permitiría crear una exposición de comisiones de intermediación comercial exponencial. Además, iba en orden a contar con una red propia de terminales de pago.

En perspectiva, la decisión fue irracional por ir en contrario a los intereses del banco y, sonó premeditada porque su baja abrió la puerta a que se gestara y diera origen a la marca BNA+ -“empezar un nuevo negocio”-, que dio lugar a un multimillonario contrato de digitalización, canalizado a través de Nación Servicios. La justicia investiga.

Yendo a la casa matriz, la Intendencia es la jefatura mayor del edificio y que administra talleres, insumos y todos los menesteres que hagan falta a la totalidad del personal. A su cargo está Ricardo Caccia, de estrecha comunicación con su primo hermano, el subgerente general Jorge Nappe. En la misma línea a la intendencia está Mayordomía, encabezada por Sandra Amoros, acompañada por el responsable de turno –sin buenas referencias- Osvaldo Fabián Lazzaro.

La mujer es cuestionada por desmanejos de importantes fondos a su cargo; entre otros, los regalos que le hizo a la ex directora Delfina Rossi con dinero del banco o la “pérdida” de un camión con muebles, como si hubiera cruzado el triángulo de las Bermudas.

El giro viene a cuento de la desaparición de mercadería valuada en $ 12.000.000.-, a mediados de este año. La proveeduría que se ubica en el subsuelo y abastece insumos de librería, limpieza, uniformes, zapatos y demás enseres que nadie sabe explicar esos faltantes en el inventario. Nappe ha ilustrado convenientemente con Carmen Barros el archivo del sumario que pretendía determinar razones. La Fiscalía nos lo dirá.

A propósito del área de Sumarios, dependía de RRHH, pero esta gestión lo pasó a Legales donde, el subgerente general Sergio Barzola y el escriba Rodolfo Acosta diseñan a medida del directorio. Tampoco citaron a Barros, pero presionan con su novio Romero –bajo licencia psiquiátrica-, algo que va contra el orden interno y por lo que suena con intención a una indemnización suculenta.

La crónica de hoy, centralmente trata, al nuevo descaro del monje negro y, evidencia lo que una estructura paralela puede hacer sobre un sistema de gestión. De manera directa se consintió abiertamente la sub contratación de un call center durante la pandemia, pagando $ 2.100.000.000.-, ante la falta de controles y una clara omisión de advertencias para su ilegal cometido.

En el procedimiento administrativo y a la consulta, el banco hizo una detallada elaboración por medio de un dictamen de la representación legal que cabía a la propuesta de Nación Servicios –una empresa del grupo- con las universidades de La Matanza y de San Martín, ponderada como una “innovación”.

De acordar así, se resaltó el caso particularmente porque Nación Servicios propiciaba la prestación de un servicio de terceros, pagando con dinero del banco a quien no tenía tal vínculo. El escrito marca que: “corresponde señalar que las actividades realizadas por Nación Servicios SA, se consideran efectuadas por cuenta propia (..) Por otro lado, no podemos soslayar que la Autoridad de Aplicación sólo autoriza a descentralizar y/o tercerizar actividades que no consistan en la atención de clientes y/o público general.

El departamento de legales advirtió enfática y oportunamente la irregularidad que, de producirse debía notificarla inmediatamente al Banco Central por violar las prohibiciones al respecto, ya que las condiciones no eran aplicables. Finalmente, el banco desoyó el aviso por estipular. Cuando se encomendó importó, además, un aspecto central: el Hábeas data; el manejo de información sensible de la cartera de clientes del banco a mano de dos universidades públicas. Escalofriante.

En el dictamen del 3 de febrero de 2021 se lee, expresamente, sobre la confidencialidad y el secreto bancario: (…) A los fines de tratar el caso traído a consideración resulta necesario destacar que esta Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 1932/19, señaló que el art. 39 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, prevé la prohibición de revelar operaciones pasivas que realicen, como asimismo se analizaron las disposiciones pertinentes de la Ley de Habeas Data N° 25.326 (datos personales, base o banco de datos, tratamiento de datos), indicándose cuando se necesitaba la conformidad del titular y cuando ello no era necesario para revelar datos.

Hasta acá queda clara la exhortación respecto de cuidar el secreto bancario, atender las exigencias de normas del BCRA por tercerizar el servicio y, avisar eventualmente de tal acción al organismo.

Siguiendo la tramitación, en un memorando sellado el 2 de marzo de 2021, Gastón Álvarez, el monje negro, se dirige a la gerencia general. Específicamente le escribe a Héctor Randazzo, solicitando desparpajadamente su aprobación para el pago de dos meses a un compromiso no asumido –devenido en prolongación de otro- y, de la adjudicación directa a otro convenio, el de call center que referimos aquí. En la nota, Álvarez en ningún momento menciona el dictamen legal precedente ni sus conclusiones.

Nación Servicios brinda prestación directa de atención telefónica con su propio Centro de contacto desde el año 2007 al banco. La solicitud del pago obedecía a un servicio ya cumplido y, correspondientemente cancelado a diciembre de 2020, pero la empresa se explayó con todas las informalidades extendiéndolo a enero y febrero de 2021. A sólo criterio de Álvarez la misiva indicaba pagar por legítimo el servicio con la suma de $ 32.917.493,15.- más IVA.

En lo que se infiere como un tono casual, pero deliberado puede leerse cómo el funcionario relaciona ambas compras: “Si bien la propuesta mantiene similares términos y condiciones respecto a la última contratación, incorpora la novedad de disponer de una estrategia mixta de operadores de planta propia configurada con subcontratación para desborde con universidades públicas nacionales (..)

Respecto de la nueva operación indica la previsión de pago de $ 1.777.068.493,15.- más IVA, de marzo de 2021 a diciembre de 2022. Al pie firman Javier Rapetti y Gastón Álvarez –subgerentes Departamental y General, respectivamente; Héctor Randazzo, gerente general da su conformidad de puño y letra, asentando la aprobación.

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La consumación del ilícito tiene broche con el despacho de directorio número 8962, y fue aprobado el 26 de marzo de 2021. La presidencia de Eduardo Hecker, en compañía de Claudio Lozano, Guillermo Wierzba, Matías Tombolini y el resto de los miembros rubrican la adjudicación en forma directa.

En los considerandos no hacen mención al dictamen legal ni a las observaciones precisas. Asimismo, en su tercer punto tampoco especifica que debe propalarse aviso al BCRA. La suma final impuesta resultó por $ 2.110.422.710,00-. Simple y fresco cuidado del banco de los argentinos y sus clientes.

Vaya un mensaje a quienes profesan descuidos contra el patrimonio del banco o destratan a quienes dan fidelidad a la institución: no se preocupen por entender “¿Quién informa al periodista?” Más bien, entiendan que no hay una voz, son muchas. El Nación entero está contra la corrupción del directorio y “los” Barros, Álvarez y Palazzo.

a5 Memorando Ppta Cial 2021 by SL24 Portal de Noticias on Scribd

Voces de gente herida, decepcionada, defraudada y diseminada por toda la administración, con independencia del estrato bancario o jerarquía; la militancia o simpatía política, amén de la antigüedad laboral. Lo que logró ese daño, es el retorno en forma de boomerang. No se trata de fuentes: los delincuentes deben hacerse cargo.

Un único aullido corre como el viento por la sombra bajo la indignación, el dolor y la discriminación. Enfrente, el autoritarismo y el asqueo descarado por el ingenio de maniobras indecentes –incluyendo al gremio-, por erosionar al erario público y la reputación del banco. Como resultado está el alzamiento para reparar con justicia. Loable certeza.

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Tan sensato es saberse observado como la corrección de cantar el Himno para festejar el aniversario del banco el 26 de octubre, en vez del cinismo de vivar “El reino del revés”, como se pretendió inicialmente.

(*) Periodista, editor y escritor

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