La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo de control que depende de la Casa Rosada, auditará los comedores comunitarios y merenderos que durante el gobierno de Alberto Fernández se inscribieron en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM), que en su gran mayoría están relacionados con movimientos sociales o piqueteros. Según el último dato publicado por la anterior administración, había “pre inscriptos” más de 40.000. La gravedad no es que se hayan registrado lugares que nunca funcionaron como tales, sino que recibieran miles de kilos de alimentos y no asistieran a una sola persona necesitada. La comida se distribuía a través de organizaciones sociales y piqueteras.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció ante la Justicia que buena parte de los espacios preinscriptos en el ReNaCoM “no existían” y que aun así recibían alimentos que eran adquiridos con fondos del Estado a través del ex Ministerio de Desarrollo Social. Las auditorías internas de la cartera social determinaron que solo el 7% de los comedores que recibían los bolsones con alimentos rendían cuentas de la millonaria asistencia que obtenían para distribuir entre la población más vulnerable.
Caso Árico
La matriz diseñada por el gobierno de Alberto Fernández tuvo su entramado provincial en Santa Fe encabezada por el gobierno de Omar Perotti, que en San Lorenzo tuvo la complicidad de Esteban Árico, dirigentes político local que tenía una ONG “cercana” fundada en 2022 por varios de sus candidatos a concejales de sus propias listas. El fraude que investiga la justicia de Santa Fe en cabeza de la ONG Protegiendo Sueños es de 70 millones de pesos por desvió de fondos asignados a suministrar comida elaborada a menores de edad vulnerables.
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En la exposición que el 15 de mayo realizó el ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posee, en el parlamento, aseguró que “en febrero del año 2024 se puso en marcha un relevamiento de los efectores que habían solicitado la inscripción al ReNaCoM, que actualmente se encuentra en curso” y, agregó que “entre el 7 de febrero de 2024 y el 5 de abril de 2024 se relevó un total de 2.193 espacios, de los cuales 1.161 pudieron ser identificados como comedores o merenderos (entre ellos, 12 comedores cuya existencia se verificó pero que no pudieron ser relevados y para los que se programó una nueva visita). Entre los 1.032 comedores que no pudieron ser identificados como tales, el 33% no funciona más como comedor o merendero; en el 25% de los casos, los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y en casi el 16% de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.
El presunto desvío de alimentos de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social a “comedores fantasma” derivó en causas judiciales que se tramitan en Comodoro Py y que fueron presentadas por la subsecretaria Legal Leila Gianni y el director de Asuntos Jurídicos de Capital Humano, Ariel Romano. En el expediente que tramita en el juzgado de Ariel Lijo y la fiscalía de Ramiro González, se presentó un listado de esos lugares auditados “donde se pudo verificar cuáles no existían y la organización social a la que pertenece”. Allí consta que, por ejemplo, “las actas acompañadas -al juzgado- dan cuenta de la entrega de alimentos secos que estas organizaciones sociales recepcionaron”.
Tipificación judicial para comedores registrados en ReNaCoM
La causa está caratulada como “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”. En el expediente 1769/2024 no solo se investiga a los responsables de los supuestos comedores a los que estaban destinados los alimentos, sino también a las ex autoridades que deberían haber controlado que la comida llegara a los más vulnerables.
En ese contexto, el fiscal González le solicitó a Pettovello – que llega hoy al país después de mantener un encuentro con el Papa Francisco en Santa Marta – el listado de los funcionarios que tenían a cargo el control de los comedores registrados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios.
La denuncia apunta a funcionarios públicos a cargo del controvertido ReNaCoM, pero también de los responsables a cargo de la entonces Secretaría de Inclusión Social que tenían a cargo la seguridad alimentaria. La auditoría que realizará la SIGEN arrojará luz sobre un tema muy sensible, ya que la comida debía llegar a las familias más necesitadas del país. El Gobierno de La Libertad Avanza está convencido que miles de kilos de alimentos que salieron de los depósitos del Estado “fueron desviados” para otros propósitos, como para su desarrollo territorial o para compensar a los beneficiarios de planes sociales a los que se les habría exigido que asistieran a marchas y piquetes.
Las auditorías ya realizadas por la SIGEN marcaron “vencimiento de los plazos de ejecución de los proyectos, debilidades en el seguimiento, en el monitoreo, y falencias en las rendiciones de cuentas”.
La “falta de controles” en la “trazabilidad” de la entrega de alimentos que, según el Ministerio de Capital Humano, era de entre 12 a 14 toneladas de alimentos por mes, y eran administrados por movimientos sociales, por lo general integrantes del ex oficialismo que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) o de organizaciones piqueteras como el Polo Obrero.
