La publicación del Decreto 340/2025, que establece el Régimen de Excepción para la Marina Mercante, encendió alarmas entre los gremios portuarios, marítimos y de logística. Más allá de la flexibilización de banderas y normas laborales, lo que más irritó al movimiento obrero es el artículo que declara como “servicios esenciales” a la navegación marítima y fluvial, así como a la actividad portuaria.
¿La consecuencia? Limitación directa del derecho constitucional a huelga y obligación de mantener una cobertura mínima del 75% de los servicios incluso durante conflictos laborales.
La disposición aparece en el artículo 14 del decreto firmado por el presidente Javier Milei y se justifica bajo el argumento de “resguardar el interés público y la continuidad de actividades fundamentales para el comercio exterior y la seguridad nacional”.
¿Protección estratégica o avance sobre los derechos?
Para los sindicatos, no hay dudas: el artículo busca neutralizar cualquier forma de protesta organizada y consolidar un modelo productivo donde el Estado protege a las empresas pero no garantiza derechos laborales básicos.
“Lo disfrazan de esencialidad pero es un blindaje contra los trabajadores. El objetivo es claro: que no podamos parar ni siquiera en casos extremos. Una reforma laboral encubierta”, advirtió un referente del gremio portuario consultado por SL24.
El artículo 14 dice expresamente que los servicios esenciales deben garantizar una cobertura operativa del 75% incluso durante conflictos. Esto implica que, en los hechos, cualquier medida de fuerza quedaría anulada por el requerimiento de funcionamiento casi pleno.
Los gremios que podrían quedar sin capacidad de negociación
Entre los sectores directamente afectados se encuentran:
- Tripulantes de buques de bandera nacional
- Serenos de embarcaciones en puertos
- Personal de estiba, guincheros y grúas
- Logística y operaciones portuarias
- Gremios del transporte fluvial y marítimo
Varios de ellos ya habían expresado resistencia al decreto incluso antes de su publicación. Ahora, con la confirmación de este artículo, evalúan acciones legales y sindicales para rechazar su implementación.
Una jugada del Ejecutivo que acelera tensiones
Desde Casa Rosada argumentan que la declaración de esencialidad busca evitar bloqueos estratégicos que afecten la economía nacional, especialmente en momentos donde el comercio exterior es una de las pocas fuentes genuinas de dólares.
“Es parte de una visión productiva y federal. No podemos permitir que paros sectoriales interrumpan la cadena de exportación ni bloqueen los puertos”, justifican desde el entorno del ministro de Infraestructura.
Pero para los gremios, se trata de una provocación directa. “El decreto habilita despidos, suspensiones, elimina la bolsa de trabajo y ahora encima no permite huelga. Es el modelo Milei: disciplinamiento con firma y sello oficial”, afirman desde el sector fluvial.
Reacción sindical: tensión creciente
El impacto no se limita al sector marítimo. Distintos gremios nucleados en la CGT y las CTA analizan incluir este punto en nuevas presentaciones ante la Corte Suprema, bajo el argumento de que limita derechos consagrados por tratados internacionales y la Constitución Nacional.
“Los servicios esenciales están definidos por la OIT. Esto va más allá. Quieren instalar el miedo como regla general. Hoy son los portuarios, mañana puede ser cualquier otro sector”, señalaron desde ATE.
En el Cordón Industrial, silencio o fractura
En la región portuaria de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes, el decreto cayó como un rayo. Sin embargo, la fragmentación sindical y la falta de referentes fuertes hacen que la reacción sea dispersa y poco articulada.
“Los gremios no tienen conducción común. Este tipo de decretos se aprovechan de eso: fragmentación, debilidad y miedo”, reconoció un dirigente del sector aceitero en off.
