En una jornada cargada de tensión y definiciones históricas, el proceso de cramdown de Vicentin entró en su tramo final y se define literalmente voto a voto.
A cinco años del default y del inicio del concurso preventivo, las dos principales propuestas —la de Grassi S.A. y la presentada en conjunto por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC)— concentran la atención del sector agroindustrial, financiero y judicial. El juez del concurso, Fabián Lorenzini, encabezó este jueves en Reconquista una audiencia informativa que reunió a las partes y fijó un dato clave: los acreedores con derecho a voto son 1.722.
Para que una propuesta sea aprobada, necesita al menos 861 adhesiones más una, es decir, la mayoría absoluta del universo de acreedores.
Hoy, tanto la oferta del grupo rosarino Grassi S.A., como la presentada por Molinos Agro (holding Pérez Companc) junto a la multinacional francesa Louis Dreyfus Company, están a menos de 150 votos de alcanzar ese umbral.
La definición promete ser de infarto, en un tablero donde cada adhesión puede inclinar el resultado. Las dos propuestas que concentran la pulseada final buscan lo mismo: quedarse con la operación y los activos de Vicentin, una empresa nacida hace más de un siglo en el norte santafesino, símbolo del modelo agroindustrial argentino.
Pero sus caminos difieren.
La propuesta de Grassi, primera en ser presentada, cuenta con el respaldo de la estadounidense Cargill, una alianza que le otorga músculo comercial y financiero.
En cambio, el binomio Molinos Agro-LDC sumó territorial clave: la adhesión de la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), una cooperativa centenaria con más de 1.700 asociados, que se comprometió a administrar el Nodo Norte —la planta de Avellaneda y Biogás— en caso de resultar ganadora la oferta. Ambas iniciativas contemplan esquemas de pago progresivos, con distintos niveles de recuperación según el monto de las deudas verificadas, pero el espíritu común es cerrar de una vez por todas un proceso que lleva más de cinco años de incertidumbre judicial, productiva y financiera. En el marco de la audiencia, el magistrado Lorenzini reiteró que el cierre del cramdown está cada vez más cerca y que, una vez cumplido el plazo para emitir los votos, el expediente pasará a una instancia decisiva.
El clima es de negociaciones febriles, con gestiones simultáneas entre acreedores, representantes judiciales y las empresas oferentes.
La atención también se centró en una ausencia llamativa: la empresa Bunge no se presentó a la audiencia informativa, lo que generó especulaciones dentro del propio entorno agroexportador, dado el peso que tiene la compañía en el negocio granario nacional y su eventual influencia en la definición del proceso.
