Invertió en un terreno que no recibió

El futbolista Denis Rodríguez denunció por estafa al fideicomiso Damfield Funes

El futbolista Denis Rodríguez denunció por estafa al fideicomiso Damfield Funes

El futbolista Denis Rodríguez, con pasado en Newell’s, River y Belgrano de Córdoba, presentó una denuncia penal por estafa contra los responsables del desarrollo inmobiliario Damfield Funes, un proyecto que fue paralizado en julio de 2024 por el Gobierno de Santa Fe debido a irregularidades y advertencias técnicas sobre la inviabilidad de urbanizar la zona, catalogada como área inundable

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El futbolista Denis Rodríguez, con pasado en Newell’s, River y Belgrano de Córdoba, presentó una denuncia penal por estafa contra los responsables del desarrollo inmobiliario Damfield Funes, un proyecto que fue paralizado en julio de 2024 por el Gobierno de Santa Fe debido a irregularidades y advertencias técnicas sobre la inviabilidad de urbanizar la zona, catalogada como área inundable

La denuncia fue radicada el 16 de abril ante la Fiscalía de Rosario, donde el caso quedó a cargo del fiscal Ramiro González Raggio. Este lunes 9 de junio, Rodríguez y su pareja ampliarán su declaración ante el Ministerio Público, patrocinados por los abogados Paul Krupnik, Martina Lianza y Martín Marini.

Rodríguez afirma haber invertido 98 mil dólares, sus ahorros personales, en la compra de un terreno dentro del emprendimiento Damfield, pero nunca recibió la posesión ni una devolución del dinero. Alega que en el momento de firmar el boleto de compraventa, en 2023, no fue informado sobre las intimaciones administrativas que el proyecto ya acumulaba desde 2022.

En respuesta a la denuncia, los desarrolladores del loteo, mediante su abogado Hernán Martínez, realizaron una presentación espontánea ante el Ministerio Público de la Acusación. Esta constituye la primera denuncia penal contra el fideicomiso, aunque el emprendimiento ya enfrenta litigios civiles en la Justicia provincial y un expediente en el fuero federal por una disputa con la empresa Vial Norcar S.A., también involucrada en el desarrollo.

El fideicomiso Damfield Funes, promovido como un barrio privado “premium” en las afueras de Rosario, fue concebido en torno a un predio deportivo que sigue funcionando con canchas de fútbol y hockey, gimnasio, eventos y una liga amateur. Sin embargo, los informes técnicos del gobierno provincial señalaron que el área destinada al loteo residencial no era apta para urbanización debido al riesgo de inundaciones. Esto motivó que en julio de 2024, el gobierno de Maximiliano Pullaro, con la firma del gobernador y su Gabinete, decidiera paralizar la obra y prohibir nuevas ventas.

La denuncia penal apunta directamente al fideicomiso Damfield Funes, a la empresa Davik S.A. —representada por Darío Maximiliano Fernández y los hermanos Marco e Ismael Villegas Kalac— y en particular a Fernández como firmante de los boletos de compraventa. También se involucra a Vial Norcar S.A., con sede en Buenos Aires, que litiga en defensa del emprendimiento en el fuero federal.

El caso también involucra una dimensión política y judicial más amplia. Se menciona la posibilidad de Fórum Shopping en la Justicia Federal, y se detectaron reuniones con funcionarios sin competencia directa en el caso, lo cual ha despertado sospechas y podría derivar en nuevas investigaciones.

Un dato que añade interés público al conflicto es la vinculación inicial del exfutbolista Maxi Rodríguez, primo de Denis y ex capitán de la Selección Argentina y Newell’s. Maxi fue uno de los inversores visibles del emprendimiento, aunque habría abandonado el proyecto cuando comenzaron las primeras advertencias oficiales.

Actualmente, a casi un año de la paralización, la situación judicial del emprendimiento continúa escalando. Otros compradores evalúan imitar el camino legal emprendido por Rodríguez, en un escenario marcado por promesas incumplidas, omisiones de información y millonarias inversiones frustradas en una de las zonas más codiciadas del mercado inmobiliario regional.

Mientras tanto, todos los permisos otorgados en su momento han sido retirados. Aun así, desde el entorno de los desarrolladores no descartan presentar un proyecto alternativo que permita dar continuidad parcial al emprendimiento. Desde el Gobierno de Santa Fe se sostiene que el problema radica en la construcción de viviendas sobre las 70 hectáreas afectadas, no en el funcionamiento de las instalaciones deportivas, que hoy operan con normalidad.

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