La normativa reglamenta los artículos de la Ley Bases que declararon a la compañía “sujeta a privatización” y marca el inicio de la etapa operativa del proceso, con la mira puesta en reducir el déficit estatal y mejorar la eficiencia logística en sectores clave como el agro y la minería.
Uno de los ejes centrales del decreto es la separación entre infraestructura y material rodante. Mientras que las vías y terrenos serán concesionados bajo un esquema de operación privada, las locomotoras y vagones serán vendidos mediante remates públicos o integrados a los paquetes de licitación. La valuación de estos activos quedará en manos del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El mecanismo financiero también introduce un cambio relevante: los ingresos obtenidos por la venta del material rodante no irán al Tesoro, sino que serán canalizados a un fideicomiso específico creado por el Decreto 976/2001. Este fondo tendrá como único destino financiar obras de infraestructura ferroviaria, con el objetivo de garantizar inversiones en la red y mejorar las condiciones de operación para los futuros concesionarios.
Además, el Gobierno impulsa un sistema de “Open Access”, mediante el cual un operador administrará la infraestructura, pero distintas empresas podrán utilizar las vías pagando un canon. La apuesta oficial es fomentar la competencia y reducir los costos logísticos en cadenas productivas estratégicas.
Sin embargo, el interés del sector privado convive con ciertas dudas. Entre ellas, la rentabilidad de los ramales menos productivos del norte argentino y el estado del material rodante, en especial la flota incorporada en la última década que requiere mantenimiento profundo. Estas variables serán clave en la evaluación de los potenciales inversores.
El proceso ya comenzó a atraer a grandes jugadores del mercado. Entre los grupos interesados aparecen compañías agroexportadoras como Aceitera General Deheza, Asociación de Cooperativas Argentinas, Bunge, Louis Dreyfus Company y Cargill, interesadas en reducir costos de transporte hacia los puertos del Gran Rosario.
También se menciona la posible participación de Grupo México Transportes, así como del Grupo Roggio, que ya opera servicios ferroviarios en el país. A ellos se suman operadores actuales como Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano, además de firmas vinculadas al litio y a Vaca Muerta.
Según el cronograma oficial, el Ministerio de Economía publicará los pliegos de licitación en las próximas semanas. La apertura de sobres se prevé entre agosto y octubre, mientras que la adjudicación podría concretarse en noviembre. De cumplirse estos plazos, el impacto de las inversiones comenzaría a reflejarse en 2027.
Con este movimiento, el Ejecutivo posiciona al Belgrano Cargas como el caso testigo de su programa de privatizaciones, en una estrategia que busca retirarse de la operación directa del sistema y trasladar al sector privado la responsabilidad de modernizar una red clave para la competitividad exportadora del país.
