El presidente Javier Milei firmó un decreto declarando la emergencia del sector energético nacional hasta fines de 2024, tanto en los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad bajo jurisdicción federal como en el transporte y distribución de gas natural.
La norma reconoce la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras de estos servicios públicos, su insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura, y la falta de inversiones en renovación y ampliación de redes.
El decreto ordena el inicio de una revisión tarifaria integral de estas prestadoras, cuyas tarifas resultantes deben entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024.
Asimismo, habilita a implementar adecuaciones transitorias y ajustes periódicos en los cuadros vigentes, para garantizar la normal prestación de los servicios mientras se realiza dicha revisión.
Organismo de control Enre y Enargas
También dispone la intervención de los entes reguladores del sector (ENRE y Enargas) a partir de enero próximo, hasta que se designen los nuevos directorios según los procesos de selección que deberá implementar Economía en 180 días.
Los interventores tendrán como principales misiones informar sobre el estado de situación heredado e iniciar la renegociación de tarifas contemplando participación ciudadana, a la vez que deberán considerar recomendaciones previas de los órganos de control externo sobre revisiones tarifarias y contratos de concesión.
La emergencia energética tiene como telón de fondo haber atravesado 2023 con tarifas de electricidad y gas casi congeladas. El decreto reconoce deficiencias previas en los esquemas de remuneración a generadoras eléctricas y productoras de gas, que desestimularon inversiones en un contexto de sostenido incremento de la demanda.
También menciona la caída en los últimos años de los envíos de gas boliviano, claves para abastecer al norte del país, donde se ubican centrales termoeléctricas que hoy operan al límite de su capacidad ante la merma en la disponibilidad de combustible.
La revisión tarifaria ordenada deberá encontrar el equilibrio entre tarifas que garanticen la rentabilidad de las prestadoras pero sin resignar derechos de los usuarios, en un contexto macroeconómico adverso. El resultado de este proceso será clave para inversiones a futuro en un sector estratégico donde la Argentina evidencia un notorio rezago.
