El gobierno nacional remitió al Congreso el documento con las respuestas a las modificaciones solicitadas por la oposición respecto de la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley ómnibus. Actualmente, los diputados de los bloques “dialoguistas” están examinando el texto para determinar si llegan a un consenso o si hay que hacer más ajustes. El extenso artículo de 112 páginas presenta un estilo coloquial y no constituye el articulado normativo, sino simplemente observaciones al borrador entregado por los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y Hacemos Coalición Federal al equipo enviado por el presidente Javier Milei a la Cámara Baja el jueves pasado.
Entre los cambios más destacados aceptados por el Gobierno destaca el capítulo sobre derechos de exportación. Tras la presión de los gobernadores (con Maximiliano Pullaro incluido), Milei acordó establecer retenciones 0 para las economías regionales y eliminó la facultad del Ejecutivo para aumentar los derechos de exportación, conservando únicamente la capacidad de reducirlos, según lo indicado en el documento oficial.
Además, se informó que la fórmula previsional se mantendrá hasta abril y luego se actualizará por la inflación calculada por el Indec cada mes. “Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, indicaron desde el gobierno.
En otro gesto para aflojar tensiones, Milei aceptó retirar algunos apartados del texto original de la Ley ómnibus para tratarlos en sesiones ordinarias a partir de marzo. Entre estos temas se encuentran el juicio por jurados, cuestiones de salud mental, modificaciones en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, y tres aspectos de la reforma electoral.
Los cambios del Poder Ejecutivo se produjeron después de una reunión por Zoom en la que los diez gobernadores del PRO y la UCR insistieron en que no apoyarían la Ley ómnibus si imponía retenciones a las economías regionales. La coalición La Libertad Avanza cuenta con apenas 38 diputados en la cámara Baja y necesita de la ayuda de al menos un centenar de escaños de otras fuerzas.
En el ámbito de las privatizaciones, Milei aceptó excluir a YPF de la lista, especialmente debido a la solicitud de los gobernadores de provincias petroleras e hidrocarburíferas. Para otras empresas públicas como Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado sólo puede realizar una privatización parcial, manteniendo el control de la empresa. Además, se incorporó la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley Nº 23696 para supervisar los respectivos procedimientos.
En cuanto a las facultades delegadas, el presidente aceptó limitarlas en tiempo y materia, indicando en el documento que serán válidas por un año con la posibilidad de extenderse un año más. Originalmente, la Ley ómnibus había solicitado estas facultades por dos años, prorrogables a dos, con un alcance amplio sobre diversas materias en situaciones de “emergencia”.
Con los cambios sobre la mesa, los gobernadores estudian el texto con los cambios aceptados por la Casa Rosada y tomarán una decisión en las próximas horas.
El gobierno, en tanto, busca que el articulado se trate entre el jueves y el sábado con el objetivo de que la semana siguiente ingrese al Senado.
