El tema se puso sobre la mesa durante una reunión en la Secretaría de Gestión de Transporte, del Ministerio de Transporte argentino, liderada por Jimena Lopez y con la participación de varios sindicatos relacionados con el sector. La medida apunta a derogar la resolución 05/2003, la cual permitía que los convoyes de bandera extranjera que llegaban a los puntos de amarradero del puerto de destino pudieran continuar operando la carga hasta llegar a la terminal.
Anteriormente a esta resolución, el movimiento debía ser realizado por remolcadores argentinos, ya que se consideraba una acción de cabotaje nacional. Sin embargo, debido a la falta de buques empujadores argentinos, se implementó el permiso para que el remolcador que realizaba toda la travesía fluvial también se encargara de la entrada a puerto y el atraque.
Actualmente, el país cuenta con una flota limitada de remolcadores, lo que ha llevado a los distintos sindicatos vinculados a la actividad a presionar al gobierno para reconsiderar la resolución y retomar el control del ingreso de barcazas por remolcadores nacionales, tal como se hacía antes de 2003.
No obstante, esta nueva medida podría tener un impacto significativo en la logística de la producción de países vecinos como Paraguay, Bolivia y Brasil. Estos países suelen abastecer de materia prima a las plantas industriales argentinas, y el cambio implicaría sobrecostos en el transporte de carga.
Expertos del sector señalan que los sobrecostos logísticos podrían alcanzar el orden del 15%, lo que genera preocupación entre los actores comerciales involucrados en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
La iniciativa está en proceso de evaluación, y se espera que en los próximos días se defina si se llevará a cabo o si se considerarán alternativas para lograr un equilibrio entre los intereses de la industria nacional y la logística de los países vecinos que utilizan la vía fluvial para el transporte de sus mercancías.
