Desde la delegación Rosario, el secretario general local, Fernando Ramírez, cuestionó especialmente el artículo 1 de la normativa, Ley 27.802, al considerar que excluye de manera “discriminatoria” a los conductores navales del régimen general laboral. Según explicó, la medida busca trasladarlos a sistemas especiales que reducen las garantías propias de los trabajadores en relación de dependencia.
“El amparo plantea la inconstitucionalidad y se apoya en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Nos quieren dejar sin derechos enviándonos a regímenes que no contemplan nuestra realidad laboral”, sostuvo Ramírez.
El dirigente también advirtió sobre el impacto en el derecho a huelga. En particular, señaló que el artículo 101 establece la obligación de mantener un 75% de operatividad en los buques, lo que, según afirmó: “anula la capacidad de reclamo” del sector. “No podemos parar un barco en esas condiciones”, remarcó.
A nivel nacional, el secretario general del gremio, Mariano Vilar, reforzó la postura al señalar que los conductores navales son trabajadores en relación de dependencia y deben mantener los derechos que les garantiza la legislación vigente. En ese sentido, alertó que la reforma podría implicar la pérdida de beneficios como licencias por maternidad, antigüedad, aguinaldo y condiciones claras de desvinculación.
Si bien desde el sindicato valoraron la medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo, que ya logró suspender más de 80 artículos de la reforma, indicaron que avanzan con una estrategia judicial propia. El objetivo es obtener un fallo específico que garantice que los regímenes particulares del sector sean complementarios y no sustituyan derechos fundamentales.
