Las declaraciones del fiscal Gustavo Ponce Asahad reconociéndose corrupto e integrante de una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas a cambio de protección por el juego clandestino en Santa Fe, prendió la mecha de lo que posiblemente sea una bomba política. De hecho, ya desató un gran escándalo.
Es que ante el fiscal Luis Schiappa y la jueza Eleonaroa Verón señaló que esa estructura de corrupción estaba integrada por miembros de los tres poderes del Estado.
Semejante revelaciones hizo que la magistrada remitiera copia de dicha audiencia a la Legislatura y la Corte Suprema de Justicia, «para que tengan información de los sucesos, dada la naturaleza y gravedad de tales declaraciones», se informó.
El senador Armando Traferri volvió a ser mencionado por Ponce Ashad (lo había hecho cuando fue detenido) como uno de los integrantes de dicha estructura ilícita, pero también sumó a la vice gobernadora Alejandra Rodenas y al miembro del más alto tribunal provincial, Rafael Gutiérrez, entre otros.
En materia informativa, la Cámara de Diputados recibió, en manos de su presidente, tales declaraciones y por ello se citó sus integrantes para debatir el alcance de los dichos y conformar, de ser necesario, una investigación sobre sus pares del Senado y a quien más corresponda.
Caso contrario ocurre en la Cámara Alta donde su máxima autoridad, Alejandra Rodenas, admite que aún no recibió esas declaraciones y, por ende, el caso no tiene tratamiento formal y/u oficial aún.
Parece extraño que una Cámara haya recibido copia de la audiencia y otra no. Más allá de eso, más tarde o más temprano tendrá que asumir una posición, más aún cuando uno de sus integrantes es el principal sospechoso. Y no es uno cualquiera, pues se trata del hombre que apadrinó e impuso a Rodenas en la fórmula ganadora del PJ en 2019 y que a su vez es presidente de la bancada peronista.
La gran pregunta es si los propios mecanismos que tienen los poderes democráticos tendrán la suficiente valía y amplitud de criterios para actuar por fuera de cualquier intento corporativo. Es decir, si los senadores y diputados investigarán con libertad para llegar a la verdad del asunto, sea para comprobar una red delictiva integrada por funcionarios que amparan el juego clandestino en territorio provincial, o todo lo contrario.
El planteo es tanto para la Legislatura como en otros ámbitos republicanos.
Así debería ser, para bien o para mal de Traferri o de quien fuera, para demostrar si tiene implicancias en un rol tan miserable como del que se lo acusa, o por el contrario, es víctima de una maniobra fraudulenta de alguien que responde a otros intereses (Ponce Asahad), independientemente de estar detenido e intentar «colaborar» para mermar su condena.
En esto no puede desconocerse los hilos de la interna peronista. Justamente Traferri es un hombre al que la actual gestión de Omar Perotti «no banca» más allá de las necesidades de gobernabilidad.
Antes del proceso electoral, el PJ logró una unidad que lo catapultó a la victoria. Pero a poco de ese triunfo, y antes que Perotti tomase poder en la Casa Gris, los senadores, guiados por Traferri, le asestaron un golpe que el perottismo no perdonó y que consistió en aprobar el presupuesto 2020 que había presentado un gobierno que se iba.
La pirotecnia volvió a estallar semana atrás cuando un par de leyes se aprobaron casi de la noche a la mañana y que apuntaron contra el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, a fin de «recortarle» poder; así lo estimó el Ejecutivo y en ello ya no sólo responsabilizaron a Traferri (en diputados otra fue la lectura) sino también a Rodenas por no informar lo que sucedía con dicho tratamiento. De hecho, se enteraron que lo que pasaba casi en el mismo momento de la votación.
El referente de San Lorenzo es apuntado como el líder del co-gobierno que los senadores peronistas, en su gran mayoría, ejercen desde sus bancas. Para un vasto sector del justicialismo, con Traferri afuera, se allanarían los caminos para que el oficialismo quede librado de una negociación constante y por momentos odiosa.
Hasta ahora, el referente sanlorencino no emitió declaración alguna para desligarse de estas nuevas acusaciones. Seguramente esperará el momento más oportuno para hacerlas mientras observa cuál será la posición que asuman sus pares.
Alejandro Romero
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