El juez Fabián Lorenzini, a cargo desde febrero de 2020 del concurso preventivo de la cerealera Vicentin SAIC, resolvió este martes otorgar el control de la agroexportadora a Grassi SA, una firma dedicada al corretaje de granos, en el marco del proceso de salvataje (cramdown) que se venía desarrollando en el expediente.
La decisión quedó plasmada en una sentencia de 52 páginas, en la que el magistrado rechazó distintas impugnaciones formuladas durante el trámite y homologó el acuerdo concordatario presentado por Grassi SA, disponiendo la transferencia total de las acciones de Vicentin a la sociedad oferente.
En su resolución, Lorenzini estableció “homologar el acuerdo concordatario ofrecido por Grassi SA en el marco del presente proceso de salvataje, disponiendo la transferencia total de las acciones de la sociedad concursada Vicentin SAIC a la sociedad oferente, previo levantamiento de la inhibición concursal, al solo efecto de su realización”.
El fallo también ordena la ejecución inmediata del acuerdo alcanzado con los acreedores. En ese sentido, el juez dispuso que Grassi SA deberá presentar, dentro de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia, un cronograma detallado con las fechas de cumplimiento de los pagos y las restantes condiciones vinculadas a la ejecución del acuerdo.
La resolución aclara que el cronograma deberá contemplar “las fechas de cumplimiento de los pagos, y demás cuestiones relacionadas con la ejecución del acuerdo, en todos sus términos”, sin perjuicio de las condiciones establecidas para aquellos acreedores que no hubieran optado por alguna de las propuestas presentadas durante el proceso.
Si bien la sentencia marca un punto de inflexión en el concurso de Vicentin, fuentes vinculadas al expediente señalaron que el fallo podría ser objeto de apelaciones por parte de quienes impugnaron oportunamente la propuesta de Grassi SA, lo que podría abrir una nueva instancia de revisión judicial.
La definición de Lorenzini se produce luego de varios años de tramitación del concurso, atravesado por fallidos intentos de homologación, disputas entre acreedores, propuestas alternativas y un complejo proceso de cramdown que finalmente derivó en la adjudicación del control societario a un nuevo actor del sector.
