El Cordón Industrial del Gran Rosario fue desde la década del 50 un lugar estratégico, elegido en sus primeros años por la industria química petroquímica y luego por la pujante agroindustria. Tal elección no es azarosa, por el contrario, se apalanca en las ventajas competitivas que otorga el calado natural del río Paraná sumado a la red vial y ferrovial que convergen en la zona y la convierten en una de las regiones más importantes de Sudamérica en generación de ingresos para el país.
El Kirchnerismo en general, pero Cristina Kirchner en particular, tienen en la agroindustria y en el Cordón Industrial de San Lorenzo una especie de obsesión, la idea fija de controlar los resortes de la principal actividad productiva del país, como es toda la cadena agroindustrial. Esta semana una crónica publicada en el medio Cohete a la Luna dirigido por el periodista Horacio Verbitsky, identificado con el espacio que lidera la actual vice presidenta, se hace referencia a la necesidad de estatizar la hidrovía como “una acción que ponga fin al modelo de privatizaciones impulsado en la década del 90” por el ex presidente y actual senador del oficialismo, Carlos Saúl Menem.
La visión planteada por los kirchneristas de paladar negro, en relación a poder intervenir con la fuerza del estado los diferentes engranajes de la cadena productiva, parece tener en la intervención de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín -actualmente bajo intervención del Movimiento Evita- un primer hecho significativo de cara a lograr el control de la carga de los buques de todos los puertos del Gran Rosario.
El interventor designado por la justicia federal, Daniel Sorrequieta es un hombre que conoce a la perfección el poder que otorga manejar el ingreso de mil trabajadores que cobran sus ingresos a través de jornales diarios, dicho conocimiento es producto de haber sido intendente de Puerto San Martín, ciudad emblemática de la estiba desde hace más de 50 años. Sorrequieta y su espacio ganan con la intervención de la Cooperativa, con un plazo ordenado por el juez hasta el 31 de diciembre del 2021, un poder político de llegada nacional como nunca habrían soñado producto de ser garantes de la exportación Argentina con la paz social.
La agroindustria de la apertura de mercado a perdida del control
Las empresas agroexportadoras lograron con la gestión de Mauricio Macri realizar una apertura de mercado en el negocio de la estiba, actividad que fue manejada por la Cooperativa de Trabajadores de Puerto San Martín por más de 50 años, esto permitió que las empresas puedan reducir los costos de estiba pero nunca lograron que el mercado tenga trasparencia y una apertura como la pregonada. Este imperfecto equilibrio se rompió por completo con la detención de Herme Juárez, las empresas agroexportadores decidieron abandonar el control del mercado – producto de haber logrado bajar el costo de la estiba – dejando a los socios de la cooperativa a la merced de interventores que nada conocían del negocio.
La tensión que se vivió durante todos estos meses abrió camino a la justicia para que busque dominar el territorio con actores de conocimiento local, es por esto que el Juez Bailaque decide nombrar a Sorrequieta como interventor de la entidad y así dar espacio a una corriente kirchnerista en el manejo de la estiba de más de 4000 buques de ultramar por año.
