En una entrevista profunda en el programa Expediente 24, el abogado penalista y docente de la UNR, Juan Lewis, analizó las luces y sombras del sistema acusatorio que él mismo ayudó a implementar. Si bien defendió la validez del cambio de sistema, alertó sobre una “perversión” que está vaciando de contenido las garantías constitucionales: el abuso del juicio abreviado.
La estadística del “atajo” judicial
El dato que Lewis puso sobre la mesa es contundente y surge de un relevamiento de la Universidad Nacional del Litoral (UNL): el 97% de las condenas penales en la provincia se obtienen a través de juicios abreviados. Solo un 3% llega a la instancia de debate oral y público donde se produce la prueba frente a un juez.
“Estamos formando abogados expertos en lo excepcional”, señaló Lewis. Para el exministro, el sistema ha mutado en una burocracia que prioriza la estadística sobre la verdad. Los fiscales, presionados por mostrar resultados y evitar el desgaste de un juicio real, buscan el camino corto de la confesión pactada.
La prisión preventiva como herramienta de “extorsión”
Lewis fue tajante al comparar el funcionamiento actual con métodos de la Edad Media. Explicó que la prisión preventiva muchas veces no se usa para evitar riesgos procesales, sino como un mecanismo de presión: “Se le dice al imputado: ‘Te dejo preso salvo que te declares culpable’. En ese momento, la audiencia de juicio abreviado funciona en realidad como una audiencia de excarcelación. Si la persona se va a su casa con una pena condicional tras firmar el abreviado, es porque nunca debió estar en prisión preventiva”.
Esta dinámica, según el especialista, genera que muchas personas acepten cargos por delitos que no cometieron simplemente para recuperar su libertad, dejando sin investigar el fondo de los hechos y otorgando al MPA un “poder inusitado e incontrolado”.
