Hay una forma de comercio de drogas que hizo popular a Rosario. Pequeños vendedores barriales despachando a toda hora, tiros en la calle, órdenes desde cárceles cercanas, crueldad desmesurada. Pero hay otra forma de comercio que se produce a una escala mayúscula, con cargamentos enormes que llegan y salen de la ciudad, con niveles logísticos de empresas trasnacionales y sin registros, por ahora, de violencia.
Eso se está exponiendo con transparencia en el juicio por el hallazgo de más de 1500 kilos de cocaína pura en un galpón de Empalme Graneros en agosto de 2021 más 143 kilos en otro de Cerrito 17 bis. Lo que se demuestra es el accionar planificado de narcotraficantes colombianos de gran envergadura que encontraron en Rosario y su zona un enclave estratégico para sacar voluminosos despachos a ultramar. La investigación deja al desnudo las partes de una película dinámica y novedosa. En ella se muestra cómo los colombianos llegan al país, dónde se alojan, cómo traban contactos con referentes comerciales locales que les organizan el andamiaje logístico en Rosario y cómo finalmente fletan cargas que se miden en toneladas embarcadas a través de la vía fluvial.
Una información reservada de la DEA (Drug Enforcement Agency) fue el detonante del juicio que hace semanas se sigue en Rosario contra ocho personas, eslabones de una organización de colombianos que intentó sacar del puerto de Rosario 1658 kilos de cocaína en agosto de 2021. La droga se encontró en galpones de Empalme Graneros y República de la Sexta. Un negocio de rentabilidad impresionante: ese cargamento está valuado en destino en 65 millones de dólares.
El dato de la DEA originó una pesquisa de la Policía Federal que fue descubriendo todos los engranajes de una muy robusta operación comercial. Los detectives siguieron a los colombianos ni bien llegaron al país, descubrieron sus enlaces locales y advirtieron la estrategia que estos tuvieron en Rosario para múltiples tareas: alquilar los galpones, contratar cargas de cereal para contaminarlas con la droga, vincularse con despachantes de aduana para gestionar los embarques, mover contactos en el puerto para disimular las estibas y finalmente sacarlas hacia Europa.
El análisis de la operación que se hizo en Rosario fue desmenuzada en las audiencias del juicio en estos días en Oroño al 900 a los ocho encargados de la logística. A este juicio le faltan los tres colombianos que eran organizadores del negocio y que vinieron a Argentina a concretarlo. Dos están prófugos. Uno está detenido con pedido de extradición y tiene apellido célebre en este negocio. Es Gabriel Rojas Londoño. En Argentina fue notorio Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi sangre”, un narco que huyó de Medellín en 2007 y se estableció en Nordelta, partido de Tigre, donde fue localizado y finalmente extraditado a Estados Unidos.
La información volcada muestra que surgía una organización trasnacional sumamente compleja, con una formación celular diferenciada en tres partes. Los organizadores o financistas era uno, el grupo que se encargaba de tener el contacto con estos financistas cuyo jefe era de nacionalidad colombiana era otro y luego un grupo encargado de la logística de integración local en el conurbano bonaerense con lazos en Rosario.
El comisario Juan Barrales es inspector de la División Operaciones Federales de la Policía Federal. Estuvo a cargo del escuadrón de detectives que hicieron los seguimientos a partir de la DEA estadounidense que informaba de la llegada del narcotraficante colombiano Rojas Londoño. En algo más de dos horas desmenuzó la investigación antes el Tribunal Oral 3 que integran los jueces federales Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez. El fiscal es Federico Reynares Solari.
Todo empieza el 9 de mayo del año pasado en un bar en diagonal al Cabildo de Buenos Aires que se llama Per Tutti, sobre la calle Bolívar, frente a la plaza de Mayo. Rojas Londoño había sido seguido ni bien puso un pie en Ezeiza el día anterior. Llegó al bar, se sentó a una mesa y ordenó para consumir. Enseguida se sentó con él un individuo rubio y de contextura muy robusta. Era Gabriel Nicolau, el encargado de toda la logística de la salida de la droga. Los detectives no pudieron escuchar pero notaron las indicaciones con gestos enérgicos que Londoño, mostrando un celular, le daba.
Nicolau se marchó de la reunión y fue seguido por una brigada. Subió a un auto y empezó a circular por calles de Buenos Aires a una velocidad inusual por lo rápida. Era esperable: “Cuando una persona en el mundo delictivo quiere determinar si está siendo objeto de un seguimiento judicial realiza alguna maniobra al conducir distinta al resto del parque automotor. En caso de que el personal policial realice con el afán de no perderlo las mismas maniobras el seguido lo advierte y la pesquisa se malogra en ese momento”, contó Barrales.
Pero los detectives decidieron no continuar el seguimiento y utilizar las cámaras de calle y la patente del vehículo ya captada. Entretanto, en el bar Londoño recibía a otras personas. Un empleado de Operaciones Federales tenía orden de seguir allí y no retirarse. El visitante de Londoño se fue en un VW blanco. Tras esa jornada siguieron a Londoño al retirarse. El empresario colombiano se quedó tres días en el país. Luego se marchó.
Con autorización de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) la policía entró en la habitación del Hotel Libertador donde se alojó Londoño y revisó los residuos. Encontraron facturas de hoteles a nombre de Newson Cheung Sabogal, que es otro colombiano, identificado como otro responsable de la operación en marcha. Las gestiones para identificar al rubio grandote que se había reunido en el bar con Londoño, contó Barrales, dieron resultado. Con un sistema de reconocimiento facial se supo que la cara registrada en imágenes en el bar correspondía en un 97 por ciento a Nicolau. Se pudo establecer por un informe de Migraciones que se había retirado del país por Ezeiza el 14 de julio del año pasado hacia Colombia. Había llegado a la terminal con una maleta y dejado una VW Amarok en el estacionamiento. Se ubico el vehículo y se le colocó un rastreador.
Cuando regresó, cuatro días después, lo siguieron y los detectives llegaron a la zona de Puerto Madero donde se alojaba Nicolau y monitorearon sus actividades. Allí se vio que Nicolau tomaba contacto con una persona que estaba alojada en el Hotel Libertador de Corrientes y Esmeralda en Buenos Aires. Resultó ser el tercer colombiano del grupo, Alvaro Antonio Ramírez Duque. Ambos fueron a una zona comercial a comprar un producto. Un día viernes concurrieron a la tienda Easy de Palermo, en avenida Bullrich, y compraron guantes y grampas. Un día domingo terminando las vacaciones de invierno de 2021 Nicolau pasó a buscar a Duque por el hotel y emprendieron viaje hacia Rosario.
Por la velocidad de la camioneta los policías los perdieron, pero gracias al rastreador se la pudo ubicar. Era el 17 de julio de 2022. Pararon en un domicilio de Funes de la calle Tandil al 2800. A la mañana siguiente ambos hombres tomaron contacto con un domicilio particular que resultó ser de un herrero y fueron con llaves a un local de Genova 2425 donde ingresaron. Era un galpón. Los efectivos federales pudieron ver que había mercadería en pallets, bolsas y un vehículo en el fondo del galpón.
Luego llegaron al lugar Marco Rodrígo Paez, Osvaldo Gorosito y Lucas Hitters. Los federales pidieron instalar cámaras con visión remota en la vía pública frente al galpón. Siguieron a Hitters, Paez y Gorosito y detectaron que estaban alojados en el Hotel Howard Johnson en Rosario. En los días siguientes los policías advertian una actividad nada inusual para un depósito. Paraban en un bar a desayunar, se iban al galpón, abrían las puertas a las 9 de la mañana, trabajaban hasta el mediodía, salían a comer, volvían para realizar más actividades y a las seis de la tarde se retiraban del lugar. A la vista de cualquiera era una actividad normal.
¿Y en qué consistía ese trabajo? La cuadrilla manejada por Nicolau había disimulado 1259 paquetes de cocaína dentro de bolsas “big bag” en un cargamento de pellets de maíz para alimento balanceado al que bañaron en repelente para animales domésticos para impedir que fuera detectado por los perros rastreadores. El método se conoce como “rip off” o “gancho ciego”, la técnica utilizada por bandas narco para contaminar con droga un cargamento legal. Eso iba a ser despachado desde Terminal Puerto Rosario para ser llevados por la Hidrovía al Atlántico y de allí a Murcia en España.
Los investigadores establecieron que el último eslabón estaba encabezado por José Damián “Tano” Sofía, un comerciante domiciliado en Haedo con antecedentes en temas penales, y lo conformaban su hijo Gastón Ariel Sofía, Oscar Rossi, Fabián Crucianelli y el prófugo Gustavo Alejandro Bruzzone. Mantenían relación directa y se valían del grupo de exportadores conformado por Juan Manuel Coresa, Miguel Angel Manzur, Héctor Ernesto Pérez y Néstor Horacio Lombardi (estos últimos bajo falta de mérito) para concretar la remisión al extranjero a través de la firma “Pepe Cereales SA”. Estos eran los instruidos en trámites de exportación de granos.
La firma Pepe Cereales la lideraba Héctor Ernesto Pérez. El investigador contó que antes el grupo había probado la ruta con un envío lícito. El 5 de julio de 2022 despacharon una remesa en tres contenedores con 60 toneladas de pellets de maíz a la empresa española Agrícola Beniel que partió en la embarcación “Capitán San Maleas”. Fue un ardid para de conseguir habitualidad ante las autoridades aduaneras y crear condiciones más flexibles para los futuros envíos infectados con material ilícito.
La Policía Federal ya tenía todos los cabos unidos. Los distintos estamentos de la organización tuvieron una reunión en una casa en el lote 183 del barrio privado Aguadas de Funes un mes antes. Estuvieron allí Nicolau, el Tano Sofía, Rossi y Lucas Hitters. Al entrar al country Sofía se identificó como Roberto. Ya tenía un proceso de 2021 por contrabando de drogas a Europa junto a Bozidar Ratkovic, Bozo, un narcotraficante bosnio radicado en Argentina.
En sus conversaciones el Tano Sofía refería que el cargamento con la droga debía salir por Rosario y con el depósito fiscal “Portar”, que queda en Circunvalación y Sorrento, porque esas eran las condiciones impuestas por la empresa destinataria española. Sofía había ido un año antes a Bahía Blanca a contactar a encargados de trámites de exportación de granos a los que solicitó su intervención en envíos de pellets de maíz. Encargó la logística de la operación (obtención de la mercadería, fletes, depósitos y toda actividad relacionada) a Héctor Ernesto Pérez (presidente de Pepe Cereales SA) y a Néstor Héctor Lombardi (presidente de la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola).
Con toda la información recabada el 26 de agosto de 2022 la policía federal, con órdenes del juez de Campana Adrián González Charvay, allanó el galpón de Génova y el de Cerrito 17 bis. En el primero encontraron 1515 kilos de cocaína. En el segundo 143 kilos.
La DEA había anticipado que Gabriel Rojas Londoño llegaba a Argentina a contactar, sin dudas, “personas asociadas a actividades ilícitas de tráfico internacional de estupefacientes”. Londoño fue detenido en Dubai, Emiratos Arabes, en noviembre de 2022. Se presume que su intención era despachar cargas de cocaína hacia Qatar para el Mundial de Fútbol que empezaba por entonces. Allí sigue detenido a la espera de extradición hacia Argentina.
Una cosa está ausente de la investigación. Se sabe dónde estaba en Rosario la cocaína, pero no como llegó, ni por qué vía, ni desde qué país. Sí está claro para la Dirección de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la Policía Federal que esta manera de operar no es aislada. Que este es un cargamento que se descubrió porque hubo un dato. Pero que Rosario es una plaza escogida por bandas colombianas para sacar cocaína a gran escala. Más de estos detalles podrán escucharse durante la semana próxima en Oroño al 900.
Fuente: La Capital
