Cajoneo

El poder corporativo del Senado sigue autodefendiéndose a cualquier precio

Por octava ocasión desde 2002 cajonean un proyecto de acceso a la información pública que Diputados sanciona una y otra vez


Uno de los tantos interrogantes se que abrió tras acusaciones lanzadas desde la Fiscalía San Lorenzo al senador Armando Traferri, sospechado de integran una banda delictiva dedicada al juego clandestino en la provincia, era saber cómo actuaría la Cámara de Senadores de Santa Fe ante semejante situación.

Los investigadores recogieron pruebas (desde 2017) y llegaron a un entramado que incluye fiscales, empresarios y políticos. Los primeros están presos, pero para el caso del referente del departamento San Lorenzo hacía falta de quedara desaforado para así imputarlo. Es un paso previo ineludible y que está consagrado en la Constitución Santafesina.

¿Son tan contundentes las pruebas? Eso quedará en manos de la justicia el establecerlo, pero para ello era necesario saber primero si los senadores entenderían razones u obrarían de manera corporativa a fin de sostener a uno de los suyos.

En 24 horas debatieron el tema y resolvieron lo que muchos esperaban: negar el desafuero a Traferri. Con ello sembraron dudas sobre la libertad de poderes, independientemente de las razones alegadas por el legislador sobre la “transparencia” de los fiscales en dicha investigación.

Ahora bien, otro eslabón para medir la corporación que ejercen los senadores se observa en el cajoneo de una ley a todas luces necesaria: el acceso a la información pública.

Una y otra vez los senadores obstaculizan su sanción. Desde 2002 que Diputados aprueba su media sanción, y una y otra vez pierde estado parlamentario en la Cámara Alta.

Los motivos están bien explicados en una crónica que hoy publica el sitio rosario3 y que se transcribe a continuación:

“El mismo Senado de Santa Fe que no admite investigaciones sobre sus miembros, algo que la mayoría expuso con claridad al bloquear el avance de la causa por corrupción en el juego clandestino que involucra a Armando Traferri. ahora cajoneó el proyecto para democratizar el acceso a la información en la provincia y que, de esa manera, perderá estado parlamentario”.

“Si bien la sanción en la Cámara Baja fue el pasado jueves 30 de julio, la iniciativa (“Bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, promoviendo la participación ciudadana y la apertura de la gestión pública: establécense”) fue ingresada de manera formal por el diputado Rubén Giustiniani el 10 de mayo de 2019″.

“Al cumplir dos años, los proyectos pierden estado parlamentario y caducan. Y eso ocurrirá en mayo de 202”.

“Al nacer el próximo período de sesiones ordinarias, precisamente en mayo del año próximo, morirá este proyecto, una vez más. Y una vez más toda la maquinaria legislativa deberá volver a comenzar”.

“Diputados votó por primera vez esa ley en 2002 y las medias sanciones se repitieron en 2003, 2005, 2009, 2011, 2016, 2018 y este 2020. El diputado provincial Gabriel Real, uno de los impulsores históricos de esa norma, dijo en julio pasado que el Senado traba esa norma porque impera una “cultura del secreto y el oscurantismo”. Fue un adelanto de lo que se vendría”.

“El tema no se trató. No hubo dictamen”, confirmaron a rosario3 desde esa comisión que preside el justicialista Raúl Gramajo. El senador del departamento 9 de Julio forma parte del bloque del PJ de Traferri, y ambos integran esa comisión clave”.

“Este año logramos un gran consenso en Diputados para la media sanción y es un disparate que la provincia siga sin una ley de acceso a la información que es un derecho que ya no se discute, es como la libertad de prensa”, afirmó Giustiniani.

“El diputado calificó de “muro” al Senado, donde chocan esta iniciativa y otras, como la ley de Educación, de Educación Sexual Integral (ESI) o de Defensa del Consumidor, todos derechos elementales”.

Lo que este portal de noticias refleja es que con esta ley sancionada se podría conocer, entre otras situaciones, los montos que estos legisladores giran en materia de subsidios. Cada uno dispone de 35 millones de pesos al año para tal fin.

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