Juego clandestino

El procurador de la Corte declaró admisible citar a Traferri ante la Justicia

El dictamen se anticipa al fallo del máximo tribunal de la provincia que deberá resolver si el senador sanlorencino pierdo o no sus fueros


El procurador de la Suprema Corte de la Provincia, Jorge Barraguirre, dictaminó que puede ser admitida la declaración de “inconstitucionalidad” de los fueros absolutos de los legisladores en Santa Fe, resolución que facultó a dos fiscales a imputar al senador sanlorencino Armando Traferri como posible organizador del juego ilegal en territorio santafesino.

Lo que subraya el procurador es que hay precedentes para declarar inconstitucional un artículo que está en una Constitución. E indica asimismo que es razonable que se pueda investigar a un legislador, aún sin el desafuero de sus pares, si se preservan otras inmunidades como la de arresto.

Este pronunciamiento se suma a una ya larga lista de fallos y resoluciones en torno a la suerte del sanlorencino.

A principios de año, la jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de incostitucionalidad de los fiscales señalados, para citar a Traferri a audiencia imputativa.

Posteriormente, el camarista José Luis Mascali rechazó la decisión de Verón señalando que el artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar a un legislador, es inconstitucional. Ante eso Traferri fue citado a audiencia imputativa, pero no concurrió porque, dijeron sus abogados, el fallo de Mascali ya había sido apelado ante la Corte Suprema; ergo, es este álto tribunal quien debe definir en el tema.

El dictamen de Barraguirre, que encuentra razonable el planteo que pide que Traferri comparezca en una audiencia, es la antesala del pronunciamiento de la Corte Suprema, que aún no determinó fecha para su sentencia.-

Lo que el procurador establece es declarar como inconstitucional un artículo de la Constitución, que eso es excepcional y puede hacerse, y tal como pasa con la decisión de Mascali, ser admisible.

Ofrece un bloque de tres argumentos,  pero señala como importante que el proceso judicial (y no la declaración de inocencia o culpabilidad) debe interpretarse como “un antivirus contra la corrupción”. Deja claro que no abre ningún juicio sobre la responsabilidad presunta o no de Traferri en los hechos aludidos, y remarca tareas distintivas de quienes “ocupan cargos institucionales”.

Fuente: La Capital

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