En los tribunales de Reconquista, la definición por el futuro de Vicentin S.A.I.C. se parece a una carrera de foto finish: dos grupos empresarios llegaron prácticamente a la par para informar que habían alcanzado las mayorías exigidas por la ley en el período de salvataje (cramdown). De un lado, Grassi S.A., que asegura haber sido el primero en presentarse y menciona acuerdos con Bunge y Cargill; del otro, el consorcio integrado por Molinos Agro S.A. y LDC Argentina, con el respaldo de la Unión Agrícola de Avellaneda.
La última palabra la tendrá el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, que desde hace cinco años conduce el expediente. En esa mesa judicial, una figura clave es Alexis Marega, actual prosecretario del juzgado y recientemente nombrado juez de Primera Instancia en San Cristóbal. En diálogo con Radio Amanecer de Reconquista, el funcionario —profesor universitario e investigador en reestructuración de empresas en crisis— brindó una de las explicaciones más claras hasta ahora sobre el estado del proceso y la importancia institucional que tiene el caso.
“Hay muy pocos antecedentes, y me animo a decir que ningún antecedente en la Argentina de un procedimiento de salvataje con la importancia y resultados tan favorables como el concurso preventivo de Vicentin”, destacó Marega. “Estamos ante un precedente nacional tremendamente relevante, un caso que de acá en más se va a estudiar en los libros de Derecho como un modelo de cómo un salvataje puede evitar la quiebra de una empresa de más de 100 años”.
El académico —titular en Derecho Comercial II en la UCSF y docente en la Siglo 21— explicó con precisión técnica qué significa esta etapa del proceso:
“El salvataje, o cramdown, se abre cuando la empresa no logra aprobar su propia propuesta de pago. La ley, desde 1995, prevé una instancia muy corta que le da una nueva oportunidad a la empresa —no a los empresarios, a la unidad productiva— para que otros interesados presenten una oferta y, con apoyo de los acreedores, se pueda homologar un acuerdo y evitar la quiebra”.
Según Marega, la norma es clara:
“En un mes deben reunir la mitad más uno de los acreedores y las tres cuartas partes del capital. El primero que informe al juzgado que obtuvo esas mayorías es, en principio, el ganador del salvataje”.
Pero enseguida aclara el punto que hoy mantiene en vilo a todo el sector agroindustrial:
“Que llegue el primero no implica que no se haga el control de votos. Hay que verificar si cada adhesión es válida, si cumple con los requisitos y, sobre todo, si quienes votaron podían hacerlo”.
Esa revisión es ahora el núcleo del trabajo judicial. “El juzgado y la sindicatura deben evaluar cada voto, porque la ley prohíbe lo que llamamos autovoto: por ejemplo, si un acreedor tiene vínculos de control o participación con el proponente, no puede votar”, ejemplificó Marega. En esa línea, recordó que el grupo LDC–Molinos impugnó la votación de CIMA alegando vínculos con el grupo rival, un punto que todavía deberá resolverse en el análisis técnico.
El funcionario adelantó además que se abrirá “un período para impugnaciones” y que, una vez concluido, el juzgado evaluará si las mayorías informadas son efectivamente válidas. También precisó que el fallo de Lorenzini podrá ser revisado por la Cámara de Apelaciones, tal como ocurrió cuando se rechazó la primera propuesta de Vicentin por considerarla “abusiva”.
Más allá de la pulseada procesal, Marega destacó el trabajo del tribunal para garantizar la continuidad operativa de las plantas durante todo el proceso:
“Fue un gran trabajo del juzgado asegurar la explotación empresarial al margen de la discusión concursal. Gracias a los contratos de fazón, la empresa siguió funcionando, se mantuvieron los empleos y se conservaron los recursos para pagar sueldos”.
Sobre la posibilidad de que las presentaciones simultáneas generen debate, fue categórico:
“La ley no distingue entre haber llegado primero en el día o en el minuto exacto. Dice que el primero que informa al juzgado que obtuvo las mayorías marca un hito en el procedimiento. Pero eso no excluye todo el control que todavía debe realizarse”.
Finalmente, subrayó el carácter inédito de lo que está ocurriendo en Reconquista:
“No conozco otro caso en el país con un proceso de salvataje tan reñido. Este expediente ya se estudia en las universidades y va a quedar como un precedente de cómo una empresa en crisis puede encontrar una salida judicial sin caer en la quiebra”.
Mientras se revisan las conformidades y las impugnaciones, el mensaje de fondo trasciende la competencia empresarial: la continuidad de la producción y el empleo en el norte santafesino están aseguradas. Como sintetizó el propio Marega en la entrevista:
“Se aseguró con este proceso que la empresa no tiene ningún riesgo de quiebra”
