Marchi apeló al tribunal supranacional después de una serie de denuncias que realizó ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y ante el juez federal Ariel Lijo, por presuntos manejos irregulares dentro de la Corte Suprema y en la Obra Social del Poder Judicial.
Así lo explicó en una entrevista exclusiva que mantuvo con Télam, en la que reitera la explicación sobre los desmanejos dentro del funcionamiento de la Corte y la obra social, que ya brindó en el Congreso y la Justicia.
“Hay varios hechos. El primero es la recusación que yo presenté de los ministros por la demanda civil contra la diputada (Elisa) Carrió, que está en la Corte hace más de cuatro años y medio y no se ha resuelto. Todos los ministros se han declarado irrecusables más allá de la vigencia de un juicio político, creando una nueva doctrina. Me parece entonces que no hay imparcialidad y no me parece un hecho que deba ser validado. Se han declarado irrecusables también en los aspectos administrativos que yo he planteado, con lo cual veo que la Justicia en este aspecto y en este lugar no me da ningún tipo de garantías, con lo cual debo acudir a un organismo externo”, precisó Marchi.
Y añadió: “Además, en este último tiempo, tuve que asistir como testigo en dos ocasiones a la Comisión de Juicio Político. Luego, de manera voluntaria, me presenté como testigo en el juzgado del doctor Lijo para aportar documentación, solicitar que se agregue otra documentación que debía requerirse a instituciones y pedir que me citen nuevamente para poder seguir aportando pruebas. En realidad, más que “denuncias”, fue contar un poco el estado de situación respecto a lo que yo llamo dos grandes ejes: la obra social y las informalidades en el funcionamiento de la Corte Suprema que venía advirtiendo en la presidencia del doctor (Horacio) Rosatti”.
Lo que hice es contar mi trabajo. Objetivo, profesional, que vengo realizando hace 16 años. Respecto a la obra social, fue un trabajo que me encargaron los ministros de la Corte, en donde debía hacer una evaluación del estado de situación y proporcionar recomendaciones. Eso fue a partir de septiembre del año 2021. Presenté cuatro informes y ofrecí treinta recomendaciones para que la obra social funcione como una de primer nivel. Esos informes, que ya estaban hechos cuando comenzó a reunirse la Comisión de Juicio Político, llevaron a que se hagan distintos tipos de interpretaciones. Yo lo que planteé es que había un problema estructural y funcional en la obrasocial. Eso derivó en una persecución personal hacia mí dentro del tribunal que terminó con un traslado el 20 de abril injustificadamente”, explicó.
Aclaró que “cuando me encargaron el trabajo, esto fue cuando explotó la obra social después de la pandemia, ellos (los ministros de la Corte) me dijeronque era el único que tenía espaldas para solucionar el tema y poner orden. No solamente hice ese trabajo, sino que me ocupé de que se formara un nuevo directorio para que la obra social no explote. Yo advertí esas irregularidades a partir del informe número uno, que es el único que está publicado, y reclamé en reiteradas ocasiones que se publicaran todos los informes y recomendaciones porque quedaría claro cuál fue el trabajo realizado. No sé por qué se siguió un camino distinto. Dicho esto, por qué me trasladan (a la Cámara de la Seguridad Social) el 20 de abril, creo que tiene que ver con que el día anterior la Comisión de Juicio Político había solicitado que se envíen todos los informes que había realizado la Secretaría General de Administración. Yo los suministré y al día siguiente se tomó esta decisión. Primero desguazaron toda la Secretaría General a través de una acordada. La Secretaría venía desarrollando un trabajo muy bueno, en el sentido financiero, que todos conocen. Muy buenas reservas, sin deudas, con transparencia total y todo publicado. La Secretaría General de Administración, además, fue pionera en la incorporación de tecnología a la Corte Suprema.
“Me parece que fue una sanción encubierta al trabajo realizado, pero también debían saber, cuando me encargaron este trabajo, que lo iba a realizar de una manera totalmente objetiva y profesional. Es tan así que la Comisión de Auditoría que se formó luego de mi informe número uno, convalidó todo mi trabajo. Yo creo que los funcionarios públicos deben servir a las instituciones para el bienestar de los ciudadanos, con lo cual las realidades hay que saberlas entender, hay que saberlas diagnosticar, hay que cambiar lo que hay que cambiar y solucionar los problemas”, destacó Marchi.
“Parte de la mala imagen del Poder Judicial está en la cabeza del Poder Judicial. Todo este nuevo mecanismo de funcionamiento de la Corte comenzó hace un año con la nueva presidencia. Yo me inicié con una Corte de siete ministros, con los cuales la formalidad era la forma de trabajo. Cada uno hablaba personalmente, no tenían emisarios. Se tomó una nueva forma de trabajar, en donde un vocero habla por los tres ministros pero la particularidad que tiene este vocero es que se maneja informalmente. Yo denuncié esas informalidades, por ejemplo, la eliminación de un mail oficial del presidente de la Corte a través de un WhatsApp. La verdad que es un hecho muy particular. Luego, he visto esconder los informes de supervisión de la obra social que no llegaron a todos los ministros”, amplió.
Por último, dijo que “hubo algún tipo de persecución a funcionarios que estaban a mi cargo. Eso no existió nunca en la Corte Suprema, siempre se manejó todo con un respeto enorme. Todo muy cooperativo en el trabajo. Ahora hace un año que se tomó otro tipo de otra forma de trabajo en donde el vocero habla por los ministros. No me parece adecuado. Creo que le hace muy mal a la institución. Pero bueno, acá hay personas que han decidido sostener ese tipo de conductas dentro del Palacio y de los resultados deben hacerse cargo aquellos que están sosteniendo a este tipo de personajes”.
