La entrevista al secretario gremial de Luz y Fuerza Rosario, Leonardo Passerini, dejó expuesta una realidad que el kirchnerismo local intenta manipular para frenar el desarrollo inmobiliario.
El dirigente sindical, alineado al peronismo, fue entrevistado por FM Horizonte —emisora dirigida por una excandidata de esa fuerza— y confirmó que, sin la reciente ordenanza que permite iniciar obras con la sola declaración de trámite ante las empresas de servicios, la construcción en San Lorenzo sería inviable.
Passerini explicó que la EPE ya trabaja al límite de su capacidad: “La estación transformadora produce 80 MW y en el último verano los transformadores estuvieron funcionando por encima del 100 %. Hoy no está en condiciones de tomar ningún nuevo servicio ni factibilidad sin una obra complementaria”, advirtió.
El dato derrumba el argumento de los concejales Martín Cerdera y Esteban Aricó, quienes impulsan trabas burocráticas bajo el pretexto de “garantizar la calidad de los servicios”. En los hechos, el gremialista confirmó que la factibilidad actual no depende de los desarrolladores, sino de la falta de inversión provincial en infraestructura eléctrica.
“La empresa provincial antes hacía obras propias; ahora le traslada los costos a las constructoras. Las pequeñas no pueden asumirlo”, reconoció Passerini, señalando que este cambio de política convierte a la EPE en “una empresa privada disfrazada de estatal”.
Además, el secretario gremial advirtió que las gestiones administrativas se centralizaron en Santa Fe, lo que paraliza aún más los proyectos: “Prometieron que sería más rápido, pero hoy todo está virtualmente parado”.
Mientras tanto, en San Lorenzo el Concejo aprobó una norma que permite iniciar los proyectos con la presentación del trámite de factibilidad en curso, una medida que busca destrabar la inversión y sostener los empleos de la construcción.
Los sectores populistas del Concejo —alineados con el kirchnerismo provincial— atacaron la medida con el mismo libreto que se repite en otras ciudades: instalar el miedo al desarrollo para proteger la ineficiencia del Estado.
En contraste, la ordenanza sancionada por la mayoría garantiza previsibilidad, inversión y trabajo.
San Lorenzo sigue apostando a la modernización, mientras los sectores más conservadores del peronismo intentan mantener el negocio de la burocracia como mecanismo de control político.
