La medida cautelar recae sobre el terreno ubicado en Callao al 400, donde debía levantarse el edificio. Según se desprende del expediente, la obra ni siquiera fue iniciada, pese a que la unidad tenía fecha de entrega prevista para marzo de 2025.
De acuerdo al relato de la abogada patrocinante, María Soledad González, su clienta abonó el inmueble al contado en octubre de 2022, con la expectativa de destinarlo a vivienda propia. Ante la falta de avances, iniciaron instancias de negociación extrajudicial, pero la propuesta de la empresa consistía en devolver únicamente el capital original, sin actualización ni compensación por daños.
La desarrolladora reconoció el incumplimiento, aunque lo atribuyó a supuestas demoras en la obtención de permisos municipales. Sin embargo, tras una investigación incorporada a la causa, se constató que los trámites ante la Municipalidad fueron solicitados recién el año pasado, lo que contradice la versión empresarial.
Además, al analizar la documentación presentada, la parte demandante detectó diferencias entre lo contratado y los planos ingresados: el departamento vendido era de un dormitorio y más de 40 metros cuadrados, mientras que en los registros figura un monoambiente, lo que implicaría una modificación sustancial del objeto pactado.
El embargo dispuesto por el fuero civil busca garantizar el monto reclamado en la demanda por daños y perjuicios, que también contempla los gastos de alquiler que la compradora debió afrontar ante la falta de entrega. La medida implica que, aun si la obra avanzara y se subdividieran las unidades, no podrían escriturarse mientras el inmueble continúe afectado por la cautelar.
El proceso se tramita bajo la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor y no se descarta que puedan surgir otros compradores en situación similar dentro del mismo emprendimiento.
