La presentación fue dirigida al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Dr. Iñaky Arreseygor, y con copia al ministro de Economía, Luis Caputo. Allí, el gerente general de la CPPC, Federico Spoturno, solicita la intervención urgente del Gobierno para recomponer la paz social y garantizar la operatoria de los puertos del país.
“Nos encontramos ante un nuevo paro de 24 hs. que, como en ocasiones anteriores, tiene como objetivo paralizar completamente la operatoria en el sistema portuario argentino, interrumpiendo las tareas de remolque, practicaje, amarre, estiba y otros servicios auxiliares esenciales para el funcionamiento del comercio exterior del país”, indica el documento.
La economía en riesgo por la parálisis del río
La CPPC denuncia que la medida de fuerza, promovida por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), afecta directamente la circulación de buques, remolcadores, barcazas, lanchas de prácticos y servicios de amarre, “inmovilizando completamente el comercio exterior argentino”.
“Este paro, como los anteriores, se implementa sin conflicto salarial ni convencional alguno, y tiene su origen en decisiones políticas del Gobierno Nacional, ajenas a la actividad portuaria”, señala la nota.
Según la cámara, el país atraviesa una “situación extremadamente delicada desde el punto de vista económico y financiero”, y el paro “sólo agrega incertidumbre a los mercados internacionales y un grave perjuicio para los productores, exportadores e importadores”.
Reclaman que se garantice el 75% de la actividad
La Cámara invocó el artículo 2 del DNU 340 y el artículo 24, inciso D, de la Ley 25.877, que obliga a los sindicatos a sostener al menos el 75% de los servicios cuando se afecta un área crítica para la economía nacional, como lo es la logística fluvial.
“Resulta incomprensible que, frente a medidas de fuerza generalizadas y de altísimo impacto económico, no se hayan dispuesto desde el Ministerio de Capital Humano —a través de la Secretaría de Trabajo— los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.”
“De mantenerse esta situación de manera indefinida, lo único que lograremos es profundizar la pérdida de confianza de los mercados internacionales en la capacidad de cumplimiento de nuestros compromisos.”
Spoturno exigió que se tomen medidas “con carácter urgente y excepcional”, y que se intime a las organizaciones sindicales a garantizar los servicios mínimos, como lo establece la ley.
Choque de modelos: gremios vs. decreto
El conflicto pone sobre la mesa una disputa mayor: el modelo de transporte, el rol del Estado y los márgenes de regulación en sectores estratégicos. Mientras el Gobierno impulsa reformas liberales, los gremios fluviales se atrincheran en defensa de conquistas históricas, y los operadores privados reclaman previsibilidad y cumplimiento de normas.
