Una para que hable y diez para que se calle

Empresarios portuarios complicados por las escuchas telefónicas del caso Juárez

Los nombres y manejos de empresarios con el líder de la Cooperativa de Trabajos Portuarios surgen de las escuchas ordenadas por la Justicia Federal.

BMW X6 Juárez

BMW X6 de 200 mil dólares a nombre la Cooperativa que Juárez conducía por las calles del Cordón

Los nombres y actividades de los empresarios surgen del expediente judicial que mantiene detenido en prisión domiciliaria a Juárez y a su hijo Oscar en el penal de Ezeiza.

Dos nombres que se repiten en varias ocasiones a lo largo de las 269 fojas del auto firmado por el juez de Campana Adrián González Charvay son los de Adrián Milisenda y Juan Garro, titulares de Milisenda Servicios Portuarios SA y Servicios y Asesoramiento Portuario SRL, respectivamente. El magistrado sostiene que existe un acuerdo espurio entre Juárez y estas empresas para dividirse la prestación de servicios portuarios o que, de mínima, el titular de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios les cobra un determinado monto para permitirles operar.

A lo largo del fallo González Charvay brinda detalles de la relación. Informa que en 2012, Milisenda -que además preside la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas- inició con el apoyo de Garro una denuncia contra la cooperativa por abuso de posición dominante. Desestimada en el plano administrativo, Milisenda apeló la decisión en 2016, pero un año después la bajó. El juez sostiene que tal giro obedeció a la intervención de Juárez, quien terminó arreglando lo que debía determinar la Justicia.

Tal afirmación se deduce de diversas escuchas en las que interviene el propio Milisenda y Daniel Badía (hombre de confianza de Juárez). En una el empresario manifestó que quiere “explicarle las cosas a Herme para que se calme un poco”, en otra López aseguró que “Herme le abrió el juego a Garro y Milisenda” y en una segunda éste amplió que “Garro va todas las semanas con la mochila que revienta y se va con la mochila vacía”.

En otra conversación, Badía detalló los porcentajes del acuerdo respecto a los servicios de estiba que se licitaron en octubre de 2017: “70% nosotros y 30% el resto de todos los otros. El tema de los porcentajes fue algo arreglado de palabra con la Cámara de Puertos Privados y con el subsecretario de Vías Navegables que era Metz en ese momento”, dijo.

“Podría deducirse que existiría un arreglo entre Juárez y otras empresas prestadoras de servicios portuarias, o que, al menos, Juárez estaría cobrando un monto determinado por permitirles operar, lo cual sustentaría la hipótesis extorsiva”, asevera el juez federal en el marco de la investigación.

Fuente: Punto Biz

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