Cámara de Diputados

Empresarios santafesinos presionan por millonarias pérdidas por alícuotas ART

Acusan una sobrecarga superior a los 4.300 millones de pesos anuales como resultado del alto índice de ligitiosidad laboral. Con la adhesión a la norma nacional, aseguran que ello se terminaría


La adhesión de Santa Fe a la ley nacional de accidentes de trabajo (ART), sigue esperando resolución en la Cámara de Diputados.

Tal decisión cuenta con el aval del gobierno provincial y de los senadores santafesinos, quienes aprobaron el proyecto por unanimidad, desconociendo el reclamo de varios sectores interesados en el futuro de dicha norma, entre ellos muchos sindicatos y abogados laboralistas, que se expresaron y siguen expresando en su contra.

Ahora, un nutrido grupo de empresarios santafesinos vuelve a la carga y en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, insiste para su tratamiento y posterior aprobación.

La misiva lleva por firma el Consejo de Entidades Empresarias de la Producción de la Provincia de Santa Fe, integrada por Adeessa, Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y su par de Santa Fe (BCSF), Camarco Rosario y su par de Santa Fe, Carsfe, Corenosa, Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA), Fecoi, Fececo y Fisfe.

Todos ellos coinciden en “la necesidad impostergable y definitiva” para que la provincia adhiera a la Ley Nacional de ART, sancionada en el Congreso en 2017, y para eso argumentan que el sector debe sobrellevar una sobrecarga de 358 millones de pesos mensuales como producto de la alta ligitiosidad que impera en la provincia, por la vigencia del actual sistema normativo.

Según explicaron, .Santa Fe junto con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, concentran el 93% de la litigiosidad del país y el 77% de la siniestralidad; y mientras el promedio de alícuotas a nivel nacional es del 2,78%, en Santa Fe se eleva al 4,06%.

“A juicio del Consejo Empresario, se trata de una ley que viene a poner el foco en uno de los temas que provoca mayor distorsión en todo el régimen reparatorio de los infortunios laborales, que es la alta, y muchas veces, fraudulenta litigiosidad”, ratificaron. Además, destacaron que las principales empresas perjudicadas son Pymes.

A esta altura queda claro que la determinación de los diputados responderá al lobby que cada sector vaya exponiendo. El tema casi no tiene exposición pública y las cartas ya están echadas: mientras el gobernador Omar Perotti expuso su voluntad de adhesión a la ley nacional (algo que se cuidó muy bien de no promocionar durante su campaña proselitista), los senadores acordaron en tiempo récord seguir los mismos pasos.

Son los diputados quienes tienen la potestad de establecer su adhesión a la norma nacional o dar marcha atrás a todo lo que se hizo hasta ahora. En sus bancas (ahora virtuales) siguen esperando que decisión final adoptarán.

En el Cordón Industrial, el grueso del movimiento obrero organizado se mostró contrario a la sanción de dicha norma,como así también lo expresaron los abogados laboralistas. A pesar de ello, el senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, les hizo “pito catalán” y votó a favor de la adhesión.

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