En los 90, Pigmentos Delta; hoy, American Color, pero una misma fábrica vieja e inútil

El establecimiento de Puerto San Martín fue uno de los primeros en cerrar durante aquellos fatídicos años. Luego reabrió y ahora otra vez cesó su producción, con obreros en la calle. Historia repetida


Esta semana, la comisión directiva del Sindicato Químico de San Lorenzo, encabezada con Julio Barroso, convocó a una conferencia para expresar su preocupación por el inminente cierre de American Color,  una fábrica enclavada en Puerto San Martín dedicada a la producción de elementos esenciales para abastecer a la industria del caucho (pigmentos  colorantes y otros).

De hecho, el establecimiento está inactivo y con sus portones de acceso cerrados con candados; las máquinas están paradas y ningún obrero puede ocupar su puesto de labor. Y así lo sufren desde hace casi dos meses.

«Ya no sabemos que más hacer», resumieron los gremialistas y trabajadores presentes en dicha conferencia, alegando las gestiones emprendidas tanto con los propietarios de la firma como con las autoridades gubernamentales de las áreas ministeriales involucradas. Pero hasta ahora, no hubo respuesta positiva alguna.

Por acda día que se sucede sin recobrar la producción, es un día más de pérdida y agonía, tanto para el obrero como para el empresario.

¿Qué alegan los dueños? Que la apertura de importaciones, sumado al «tarifaso» en los costos por consumo energético (electricidad, gas) y los altos costos impositivos -una realidad innegable- y salariales, hacen imposible seguir con su actividad. Y que es preferible cerrar a seguir generando deuda mes tras mes.

Por o menos eso es lo que describe el gremio, a nombre de la patronal. El directorio de American Colors no emitió comunicado oficial alguno explicando a la comunidad la situación financiera por la que atraviesa, como tampoco tomó contacto con la prensa o la dirigencia gubernamental local. ¿Tienen alguna obligación de hacerlo? Legalmente no, pero moral y éticamente, si, pues forman parte de la sociedad local (aunque residan en Capital Federal o el exterior, su fábrica está radicada en el Cordón Industrial).

Muchos empresarios han tomado la modalidad de integrase con las comunidades que las rodean. Es una tendencia que viene imponiéndose durante los últimos años. Y han comprobable que a través del diálogo, el interés y la integración obtuvieron muchísimas más ventajas económicas que recurriendo a viejas prácticas de imposición o amenazas, con el valor agregado de la satisfacción personal de desarrollar y concretar un plan  de acción comunitario; traducido en otras palabras, ayudar a alguien que lo necesita.

Claro que, este no es el caso para los dueños de American Colors, que cerraron sus puertas hace dos meses, impiden a sus trabajadores ingresar al predio, no dan explicación alguna a la sociedad y, además, no pagan sueldos y ni hablar de una posible indemnización.

A esta altura parece lógico entender que su propósito no es otro que utilizar a sus obreros como rehenes de una situación para forzar una intervención estatal que rescate a la amenaza fuente laboral de la que viven unas treinta familias. Una vieja y vil práctica a la que han acudido tantos otros empresarios.

En esta encrucijada se hallan la dirigencia gremial y gubernamental, porque saben que no pueden permitir así porque sí el cierre de una fuente de empleo, pero tampoco pueden avalar los desaciertos empresariales en una planta industrial vetusta, con  una estructura edilicia antiquísima y líneas de producción pasadas de moda; es más, con deficiencias graves en materia de seguridad e higiene laboral.

En estas condiciones vale preguntarse como puede sostener su producción para competir en un mercado cada vez más globalizado sin hacer inversiones ni diseñar un plan de modernización o adaptación a los nuevos sistemas de producción. Ergo, el cierre de American Colors era solo cuestión de tiempo, tan solo de que se modificara alguna variable económica, y eso sucedió.

El sindicato es también responsable de arribar a esta instancia casi extrema, pues hasta ahora prefirió reservarse de exponer esta realidad a cambio de brindar su apoyo al plan de gobierno que enarboló el kirchnerismo: recuperación de fábricas cerradas y creación de nuevos puestos de empleo.

Hoy resulta sencillo enroscarle la culpa al nuevo gobierno, que es obvio practica una política económica abiertamente distinta a sus antecesores. Y si bien ello influyó para que hoy estos trabajadores sufran este presente (avizorando un peor futuro), las consecuencias no son así de lineales. El hecho que el empresariado no invirtiera, por años, para readecuar su planta, hubiera merecido una alerta para esta conducción sindical, la misma que aceptó, hasta hoy, que se trabaje sin cumplirse todas las medidas mínimas de seguridad e higiene laboral a cambio de mantener ese puesto de empleo.

Pero todo esto ya es pasado. Tan pasado como aquellos años 90 que, tal como lo grafican las fotografías que ilustran estas crónicas, los obreros de la entonces Pigmentos Delta debatían en asamblea su futuro. A pesar de la lucha y los reclamos, la fábrica cerró, sus trabajadores perdieron los empleos y no cobraron un peso en concepto de indemnización.

A más de 20 años de aquello, la misma planta industrial, con otro nombre, vuelve a repetir una situación similar.

A la intervención de los Ministerios de Trabajo y de la Producción de Santa Fe, se sumaron el senador departamental Armando Traferri y el intendente de Puerto San Martín, Carlos De Grandis, para iniciar gestiones, ante las autoridades que correspondan, a fin de superar este conflicto.

Por Alejandro Romero

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