Camino a terminar su mandato al frente del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini es consciente de que su gestión alcanzó algunos objetivos importantes pero que aún hay muchos casilleros vacíos para lograr un funcionamiento óptimo. Uno de ellos es el de la independencia absoluta de los fiscales para trabajar en libertad, sin el condicionamiento que impone la política.
“En un estado democrático, el MPA debe tener la libertad de perseguir todo lo que pueda y quiera. Todas estas discusiones políticas que proponen controlar lo que nosotros hacemos tienen una visión equivocada”, sostuvo. Y aceptó sin vueltas que “la potestad disciplinaria de la Legislatura condiciona muchísimo la actuación de los fiscales”, por lo que consideró que hay que “lograr una definición político-institucional sobre qué se pretende que haga el MPA”.
“El fiscal debe investigar cualquier tipo de caso. Es lo más razonable. En el momento en que se ponen limitaciones es porque no se permite que se pueda ir contra cualquier área, ya sea económica, financiera, política. Naturalmente que tienen que existir los controles, tanto internos como externos”, señaló Baclini en entrevista con Marcelo Fernández para el programa «Así Estamos», que se emite los domingos a la medianoche por Telefe Rosario. “Las limitaciones también aparecen con los recursos económicos y los recursos humanos”, advirtió.
En ese sentido, sostuvo que el de los recursos asignados al MPA “es una discusión que tendría que estar superada, pero todavía existe”. Reconoció que “ha mejorado bastante, pero todavía hay un déficit importante, sobre todo en la cantidad de empleados. No sólo falta cantidad sino también calidad en áreas específicas”.
“En la gestión de Lifschitz nos transfirieron el Laboratorio Digital Forense, que es el análisis de la telefonía celular y de computadoras, y este gobierno nos entregó el análisis de los laboratorios químicos. Estaban en poder de la Policía, que no tenía el mismo interés en ocuparse que los fiscales. Faltan áreas por transferir y lo estamos trabajando. El problema es que junto con las áreas no nos asignaron los recursos económicos ni los humanos necesarios. Hay personal, pero no en cantidad suficiente y en condición precaria. La gente que ocupa estos lugares está contratada, no pertenece a la planta permanente”, desgranó a la hora de analizar las condiciones con que trabaja el organismo que se ocupa de perseguir el delito en la violenta Santa Fe.
Para graficar con números trazó una comparación contundente: “En el MPA hoy trabajan alrededor de 650 personas, con unos 160 fiscales, mientras que la provincia de Mendoza tiene 1.600 y Córdoba más de 1.800 personas. No digo que tengamos 1.600, pero sí debemos definir qué tipo de MPA queremos para el futuro. Hay que sentar las bases sobre la cantidad de recursos, la facultad disciplinaria que tiene la Legislatura, el presupuesto, el pase de las áreas criminalísticas… son discusiones centrales que definirán hasta dónde vamos a perseguir el delito”.
Para Baclini, el balance de su gestión como fiscal general de Santa Fe, que finalizará en el primer trimestre del año próximo, es “muy positivo”. Y abundó: “Cuando empecé, hace 5 años y medio, era un Ministerio Público raquítico, con menos recursos y menos posibilidades de investigaciones. Hoy se va consolidando tanto en lo material como en el logro de las investigaciones. Tenemos un MPA valiente. Obviamente faltan muchas cosas, pero se deja un buen camino abierto para que la próxima gestión consolide aspectos necesarios”.
“Tengo claro que las batallas no se ganan en un día –agregó–, por eso digo que nosotros hicimos una parte y las próximas gestiones harán el resto. Creo que el camino que construimos ya no tiene retorno”.
A la hora de proponer, según su opinión, un plan que frene la escalada de violencia que azota a Rosario y buena parte de la provincia, Baclini apuntó: “Necesitamos que se trabaje sobre un plan a largo plazo con acuerdo político. Que se defina específicamente cómo será la manera de actuar en Justicia y en Seguridad. Debe haber un complemento en el diseño de una política criminal que parta desde una acción básica de la Policía, acompañada por el MPA tanto en materia preventiva como de persecución, con proyección integral de pacificación en los barrios donde se ingrese con un accionar de mejoramiento de calidad de vida”.
Enseguida aclaró que “este plan requiere de un acuerdo político de todas las fuerzas para fijar objetivos a 10 años”, y recordó: “Hicimos acciones en algunos barrios y los resultados fueron buenos; por ejemplo, en Grandoli y Gutiérrez estuvimos dos años y allí los homicidios bajaron de 8 anuales a tasa cero; los delitos predatorios también disminuyeron notoriamente. Hubo una acción integral con la Policía y distintos ministerios y áreas de la Municipalidad de Rosario que identificaron problemáticas. Hasta el momento no hemos podido repetir este tipo de acciones”.
Por este motivo, aseguró que “los mayores problemas se dan en los barrios donde el Estado no está plenamente presente; hay un esfuerzo de la Municipalidad y también de la provincia, pero es desarticulado. Y no sirve pensar estas acciones por la coyuntura de un caso, que es algo que brinda soluciones pasajeras, pero pasa ese caso grave y se vuelve al mismo lugar”.
Sobre la problemática que representan los presos desde las cárceles, que diseñan y digitan gran parte de los actos delictivos que ocurren en las calles de la ciudad, Baclini señaló: “Todos deseamos que se termine pronto, ponemos entusiasmo, hablamos mucho pero no hay definiciones. La impunidad que hay con la generación de delitos desde las cárceles es gravísima. Hay algunas soluciones básicas que hemos propuesto con minidesarrollos de planes de acción para delitos desde las cárceles, balaceras, extorsiones, homicidios. Llevar adelante estas propuestas requieren inversión, que no son exorbitantes. Pero, por ejemplo, para hacer análisis balísticos tenemos que ir a Buenos Aires. Entonces, algo anda mal acá. Hablamos de propuestas básicas, esenciales, que en otras provincias están resueltas. No podemos tener tanto retraso”.
Por último, consultado sobre su futuro después de alejarse del MPA, al que muchos vinculan con la política, evitó una definición concluyente: “Nadie se me acercó y hoy tampoco tengo intenciones de nada. Entré al Poder Judicial hace más de 30 años y tengo entusiasmo por lo que hago. En el futuro me veo aportando mucho más”.
