La presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gisela Paolicelli, tildó de “obscena” a la última resolución tomada en la Cámara de Senadores de Santa Fe en torno a la potestad que sus integrantes ser arrogaron por sobre los fiscales.
Ayer, los senadores crearon una comisión de seguimiento sobre fiscales y defensores públicos que suma un nuevo capítulo a la disputa entre fiscales y representantes de la Cámara Alta por impedir que se pueda imputar al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri.
“Con todo el respeto que me merece el Senado como institución, no me cabe otra palabra para describir lo que pasó como una obscenidad”, aseveró Paolicelli, en declaraciones radfiales.
Dicha comisión, surgida por hechos de corrupción que salpicaron a la Fiscalía y que terminaron con los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad detenidos, es para “estudio, investigación, seguimiento y evaluación” de funcionarios, y habilita a los legisladores conocer el estado de las causas, requerir o recibir testimoniales e incluso avanzar en denuncias penales “si se advirtiera infracciones o delitos”.
“Se está instalando un proceso judicial paralelo llevado adelante por otro órgano del Estado que ni siquiera es judicial, esto es desde todo punto de vista anticonstitucional y antirepublicano”, tradujo y criticó Paolicelli. “Atenta directamente contra la independencia del fiscal”, agregó.
La fiscal regional también señaló otro punto llamativo y es que la comisión que se creó lo hizo motivada por una investigación que no es otra que la del juego clandestino y que los propios senadores “desmerecieron y en razón de la cual no se permitió el desafuero de Traferri”.
“Es la misma investigación que ahora motiva el control a fiscales porque hay fiscales presos cuando en realidad fueron los mismos fiscales los que investigaron a los fiscales, y no el Senado”, observó.
Hace dos años atrás, La Legislatura sancionó la ley 13.807 por la que diputados y senadores tenían la potestad de control. Sin embargo, fue declarada inconstitucional por un Juzgado Laboral, decisión que fue apelada por la Cámara de Senadores.
Fuente: rosario3
