El Concejo Municipal de San Lorenzo, el recinto donde se debaten las ordenanzas y el futuro de todos los ciudadanos, quedó en el centro de la controversia tras conocerse un video protagonizado por la concejal Yazmín Petrillo. En la pieza audiovisual, la legisladora utiliza las instalaciones de la sala de sesiones y su propia banca para manifestar una postura partidaria contra el tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso de la Nación.
La gravedad del hecho radica en que Petrillo habría utilizado un espacio que pertenece a todos los sanlorencinos para una producción privada y de neto corte proselitista, sin contar con autorización alguna. El agravante, señalan diversos sectores, es que el tema abordado no forma parte de las facultades del cuerpo deliberativo local, sino que es una discusión que compete exclusivamente a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación.
¿Un “adueñamiento” del Estado?
El comportamiento de la concejal Petrillo ha sido interpretado como una actitud de “patrimonialismo”, una práctica donde se borra el límite entre lo público y lo partidario. Críticos de su gestión sostienen que el uso de la banca para fines ajenos a la labor legislativa municipal es una falta de respeto al honor que significa ocupar dicho lugar y al salario que percibe de los contribuyentes.
“Este tipo de actitudes de adueñarse de las instituciones del Estado parece ser una marca registrada en el espacio político en el que milita la concejal”, indicaron fuentes cercanas al cuerpo legislativo. Para muchos, el recinto de sesiones debe ser un lugar de respeto institucional y no un set de filmación para contenidos de redes sociales que buscan posicionar agendas nacionales que exceden la gestión local de San Lorenzo.
El fantasma de la destitución
La utilización indebida de recursos y espacios públicos para fines personales o partidarios no es un tema menor en la normativa vigente. De acuerdo con el reglamento interno y las leyes de ética pública, Petrillo podría enfrentarse a un proceso de sanción grave. Algunos sectores ya mencionan la posibilidad de solicitar su destitución, argumentando que la falta de decoro y el uso de la infraestructura estatal para la militancia partidaria configuran una causal suficiente para poner en duda su continuidad en el cargo.
Mientras el video circula en plataformas digitales, en los pasillos del Concejo el malestar crece. Se espera que en las próximas sesiones el tema sea llevado al recinto, esta vez no para una filmación, sino para que la concejal dé explicaciones sobre por qué decidió convertir el patrimonio de todos los sanlorencinos en un spot de su propia agrupación política.
