El masivo despliegue de Gendarmería Nacional que blindó este viernes los accesos a YPF, Axion y Profertil derivó en un escándalo de declaraciones cruzadas. El Sindicato Único de Trabajadores de la Vigilancia Privada (SUTRAVIP) aseguró en las últimas horas que no tenía previsto realizar ninguna manifestación en los portones de las empresas de la región, una afirmación que choca de frente con las amenazas vertidas públicamente por su propio secretario general en la jornada de ayer.
La contradicción es flagrante. Mientras el portal 11 Noticias reprodujo el jueves las declaraciones de Cristian Rodríguez confirmando la protesta por el traslado de un vigilador de la firma Securion —donde el dirigente advirtió expresamente que movilizarían a los portones para defender la actividad—, el mismo referente sindical dialogó hoy con una emisora radial de Puerto General San Martín y aseguró que el conflicto laboral estaba solucionado “desde antes de ayer”. La secuencia cronológica de los hechos deja una única certeza en el ambiente gremial y empresario: alguien miente.
El cambio de discurso del sindicato no resulta un hecho aislado. En los pasillos industriales de la región señalan que no es la primera vez que esta organización recurre a la amenaza de bloqueos como mecanismo de presión corporativa para luego desdibujar la medida en el terreno. Sin embargo, la gravedad del caso actual radica en la contundente respuesta del Estado. Neutralizar el presunto piquete requirió la activación del protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que implicó movilizar de urgencia dos colectivos repletos de efectivos federales hacia el Cordón Industrial.
Desplegar un dispositivo de seguridad de esta envergadura logística y económica frente a una amenaza que el propio gremio ahora califica de inexistente o ya “resuelta” abre de inmediato el debate sobre las responsabilidades institucionales. Desde distintos sectores vinculados a la actividad agroexportadora advierten que este tipo de operaciones de desgaste no pueden quedar impunes, y exigen que se apliquen sanciones concretas y ejemplificadoras a los responsables de provocar la movilización del aparato de seguridad nacional. La evolución completa de este conflicto, los registros de las amenazas previas y la posterior desmentida ya se encuentran documentados en el archivo Notas SL24.
